La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó de manera categórica la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) de designar veedores para auditar sus balances y documentación financiera, en medio de acusaciones cruzadas y un creciente conflicto institucional. La medida, impulsada por el inspector Daniel Vítolo, se fundamenta en la presunta existencia de "graves irregularidades" y la falta de información sobre el destino de más de 100 millones de dólares, así como cuestionamientos sobre la validez del nuevo domicilio legal de la AFA en Pilar, Provincia de Buenos Aires.

En un comunicado oficial, la AFA, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, calificó la veeduría como "ilegítima" y con "finalidad política", asegurando que "no será sometida a una operación política ajena a la ley". Tapia sostuvo que la medida busca debilitar la institucionalidad de la AFA para imponer el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), y anunció que recurrirán a la justicia para desestimar la resolución, evocando el precedente judicial del caso Bullrich.

La IGJ, por su parte, argumenta que la veeduría es una medida preparatoria y no implica sanción ni intervención directa, sino que busca recolectar información para determinar si corresponde adoptar medidas adicionales. Sin embargo, la AFA sostiene que todos los balances de 2017 a 2024 fueron presentados en tiempo y forma, y que la IGJ carece de competencia tras el cambio de jurisdicción, ya que la sede social fue trasladada a Pilar y la autoridad provincial aprobó el trámite.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires intervino en el debate, señalando que la citación a indagatoria es un acto procesal esencial y no debe interpretarse como persecución o sanción anticipada. Además, criticó la suspensión de actividades deportivas como respuesta a decisiones judiciales.

El conflicto expone la disputa de poderes entre el gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires, así como la tensión entre la autonomía del fútbol argentino y los intentos de mayor control estatal. El desenlace judicial de este caso podría sentar un precedente relevante para el futuro de las instituciones deportivas en el país.