La situación patrimonial de Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, se encuentra bajo intensa investigación judicial y mediática tras la revelación de que su madre, Silvia Pais, fue mudada recientemente a una lujosa vivienda en el country Fincas de Iraola II, en Berazategui. El contrato de alquiler, firmado por el tío de Adorni, Juan Pais, estipula un pago mensual de 1.100 dólares y, según trascendió, se habría abonado un año por adelantado en efectivo, lo que equivale a 12.000 dólares.

La mudanza de Silvia Pais se produjo luego de que aparecieran mensajes hostiles y amenazas en las inmediaciones de su anterior domicilio en el centro de La Plata. Según fuentes cercanas, la decisión de trasladarla fue tomada por sus hijos, Manuel y Francisco Adorni, ante la preocupación por su seguridad. La vivienda en el country, sin embargo, ha despertado sospechas debido a los altos costos de alquiler y expensas, que rondan entre 500.000 y 700.000 pesos mensuales, cifras difíciles de afrontar para una jubilada estatal.

El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, solicitó a la administración del country toda la documentación relacionada con la operación, incluyendo la titularidad, los pagos y los gastos asociados. La pesquisa también se extiende a otros movimientos patrimoniales de la familia Adorni, como la compra de bienes de lujo y la aparición de bitcoins, así como inconsistencias en declaraciones juradas de familiares.

El caso se suma a una serie de controversias que han rodeado a la familia Adorni desde el inicio de la gestión de Milei, incluyendo nombramientos en cargos públicos y justificaciones poco claras sobre el origen de su patrimonio. Mientras la Justicia avanza en la investigación, el episodio ha reavivado el debate sobre la ética y la transparencia en la función pública, en un contexto de creciente escrutinio mediático y tensión política.

Fuentes allegadas a Adorni sostienen que la mudanza fue motivada exclusivamente por razones de seguridad, aunque la Justicia busca determinar si existieron irregularidades en el financiamiento de la operación y si los fondos utilizados provienen de actividades ilícitas. El desenlace de la causa podría tener implicancias significativas para la imagen del funcionario y del gobierno nacional.