Un megaoperativo policial en el partido bonaerense de La Matanza permitió desarticular una red de explotación sexual infantil que operaba en entornos digitales. La investigación, encabezada por la fiscal Lorena Pecorelli y la Procuración General, incluyó 32 allanamientos simultáneos en localidades como González Catán, Aldo Bonzi, Virrey del Pino, Rafael Castillo, entre otras. Como resultado, al menos cinco personas fueron detenidas, entre ellas un policía, un profesor de educación física y un coordinador scout vinculado a una iglesia.

Según fuentes judiciales, la causa se inició a partir de reportes internacionales del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que alertaron sobre la distribución masiva de material de abuso sexual infantil desde Argentina. A partir de estos informes, se desplegaron tareas de análisis y técnicas especializadas en cibercrimen que permitieron identificar a los sospechosos y solicitar las órdenes de allanamiento.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron decenas de dispositivos electrónicos, incluyendo celulares, computadoras, pen drives, cámaras, así como un chaleco antibalas y material sexual. El material incautado será sometido a pericias informáticas para profundizar la investigación y determinar el alcance de la red, que operaba tanto a nivel nacional como internacional, con posibles conexiones en el extranjero.

Las autoridades confirmaron la identificación de al menos diez menores como víctimas directas de la red, aunque no se descarta que el número aumente a medida que avance el análisis de los dispositivos secuestrados. Uno de los imputados, coordinador de un grupo scout, enfrenta además cargos por abuso sexual con acceso carnal, tras haberse grabado vejando a una menor.

El caso generó especial preocupación social debido a que los acusados ocupaban roles de confianza y cercanía con niños y adolescentes. La fiscalía investiga si aprovecharon estos espacios para captar víctimas o facilitar la circulación del material ilegal. El abordaje a las víctimas será interdisciplinario, y la Justicia no descarta nuevas detenciones ni la aparición de más víctimas.

La investigación involucra a seis juzgados de garantías y múltiples organismos judiciales y policiales, y pone de relieve la importancia de la cooperación internacional y el uso de tecnología avanzada en la lucha contra la explotación sexual infantil. El caso sigue en desarrollo y se esperan nuevas definiciones en los próximos días.