El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa en el plan de concesiones viales, que prevé la incorporación de 12.000 kilómetros adicionales a los 9.000 ya licitados en corredores estratégicos de todo el país. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, busca modernizar la red de rutas nacionales mediante la construcción de autopistas, autovías, duplicación de calzadas y terceros carriles, especialmente en zonas de alto tránsito y relevancia productiva.

El nuevo esquema de concesiones transfiere la gestión, el financiamiento y la ejecución de obras al sector privado, bajo contratos de hasta 30 años y tarifas de peaje indexadas. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, “a los 9.000 kilómetros que están en proceso de concesión les vamos a agregar 12.000 kilómetros adicionales, entre algunos que haremos doble mano y otros con pasos alternativos, y algunos que vamos a rehacer. El mapa vial para el final del mandato va a parecer que estamos en otro país”.

Sin embargo, el plan ha generado críticas de usuarios y sectores productivos, que señalan que la mayor parte de las nuevas concesiones se centra en tareas de mantenimiento y conservación, con solo 300 kilómetros de nuevas rutas de cuatro manos previstos en los 6.000 kilómetros restantes. El resto de las obligaciones de los concesionarios se limita a garantizar la transitabilidad mediante bacheo y mantenimiento de peajes, lo que ha sido calificado como insuficiente para las necesidades de infraestructura del país.

El valor de los peajes estipulados en los contratos rondará los $3.500 por cada 100 kilómetros, con la instalación de 50 nuevas estaciones de cobro, lo que ha despertado preocupación por el impacto en los costos logísticos y en los usuarios. El proceso de licitación se realiza en etapas, con participación de empresas nacionales e internacionales, y ya se han adjudicado tramos clave como la Ruta 5 y la Autopista Ezeiza-Cañuelas a firmas privadas.

El Gobierno sostiene que el nuevo modelo permitirá mejorar la conectividad, fortalecer los corredores productivos y acompañar el crecimiento económico, mientras que desde las provincias y sectores productivos se reclama una mayor inversión en obras estructurales y un rol más activo del Estado en la planificación y ejecución de proyectos viales. El debate sobre el equilibrio entre eficiencia privada y responsabilidad pública sigue abierto, en un contexto de transformación de la infraestructura nacional.