La Justicia argentina solicitó formalmente la extradición de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, actualmente detenido en Estados Unidos, para que sea juzgado en el país por crímenes de lesa humanidad. El pedido fue presentado por el fiscal federal Carlos Stornelli ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, en el marco de una causa iniciada en 2023 tras una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

La denuncia, respaldada por testimonios de víctimas venezolanas y documentos de organismos internacionales, acusa a Maduro y a otros altos funcionarios de su gobierno de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo torturas, persecuciones y asesinatos. En septiembre de 2024, la Cámara Federal porteña había ordenado la detención internacional de Maduro y del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, medida que fue notificada a Interpol.

El caso argentino se apoya en el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales nacionales a investigar y juzgar delitos de lesa humanidad sin importar el lugar donde se hayan cometido. La investigación incorporó informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que documentó casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a fuerzas de seguridad venezolanas desde 2014.

El pedido de extradición se produce tras la detención de Maduro en Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcotráfico y conspiración. La Cancillería argentina será la encargada de gestionar el pedido ante las autoridades estadounidenses, conforme a los tratados internacionales vigentes.

El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, expresó su apoyo a la captura de Maduro, calificándolo como una amenaza regional. Waldo Wolff, presidente del FADD, subrayó que la denuncia argentina fue anterior a la estadounidense y destacó la importancia de que las víctimas venezolanas sean escuchadas en el proceso judicial. El avance del trámite podría generar tensiones políticas internas, especialmente entre sectores que simpatizan con el chavismo, y plantea desafíos diplomáticos para la relación entre Argentina, Estados Unidos y Venezuela.