El proyecto de ley conocido como Súper RIGI, impulsado por el gobierno de Javier Milei, obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, allanando el camino para su debate en el recinto. La iniciativa, que busca atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores considerados estratégicos como tecnología, energías renovables e inteligencia artificial, fue respaldada por bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID y otros representantes provinciales.

El régimen propone una serie de beneficios fiscales y aduaneros, entre los que se destacan una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, exención total de retenciones a las exportaciones y arancel cero para importaciones. Además, garantiza estabilidad regulatoria por 30 años y exige que al menos el 20% de las adquisiciones de bienes y servicios se realicen a proveedores locales, siempre que existan condiciones de mercado. También se incorpora la obligación de presentar informes de impacto ambiental y social, y la creación de un registro público de proyectos adheridos al régimen.

Sin embargo, la agenda parlamentaria se encuentra atravesada por tensiones políticas y el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunta corrupción. Este contexto ha generado incertidumbre sobre la fecha de tratamiento del proyecto, inicialmente prevista para el 24 de junio, ya que la oposición podría aprovechar la apertura del recinto para impulsar una moción de censura contra Adorni.

El debate en comisiones evidenció posturas encontradas. Mientras el oficialismo y sus aliados defienden el Súper RIGI como una herramienta fundamental para atraer inversiones y modernizar la economía, la oposición peronista y de izquierda cuestiona el costo fiscal del régimen y advierte sobre el impacto negativo en la industria nacional y el empleo. Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, criticó la falta de previsión sobre las desgravaciones fiscales, mientras Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, denunció que el régimen favorece a grandes corporaciones extranjeras y pone en riesgo la soberanía nacional.

El oficialismo busca aprobar el proyecto junto al acuerdo de pago a los fondos holdouts antes del 30 de junio, fecha límite para evitar la reactivación de litigios internacionales. El desenlace dependerá de la capacidad del gobierno para sortear las tensiones políticas y garantizar el quórum necesario en la Cámara de Diputados.