Una auditoría interna realizada en el Ministerio de Salud de Neuquén detectó graves irregularidades en la administración de fondos públicos, por un monto superior a los 21 millones de pesos. Como consecuencia, la funcionaria a cargo del área de Recupero Financiero fue apartada de su cargo y denunciada penalmente por el Gobierno provincial, que se constituyó como querellante en la causa.

Según el informe técnico, las inconsistencias se hallaron en tres expedientes administrativos, donde se otorgaron anticipos para gastos de funcionamiento. Las rendiciones presentadas no permitieron acreditar de manera suficiente el destino final de los recursos, y se detectaron faltas como la ausencia de autorizaciones jerárquicas, justificaciones insuficientes para el uso de mecanismos excepcionales de anticipo, concentración de funciones en una sola persona y falta de documentación bancaria que respalde los pagos a proveedores.

En uno de los expedientes, por $7.837.500, se observaron irregularidades en la autorización y justificación de los fondos. Otro expediente, por $5.660.000, mostró reiteración de procedimientos irregulares, con facturas de conceptos generales y ausencia de remitos o constancias de servicios prestados. El tercer expediente, por $7.810.000, también carecía de la documentación necesaria para vincular los pagos con necesidades concretas del área.

Ante estos hechos, la coordinación de Administración Financiera rechazó las rendiciones, declaró la responsabilidad administrativa y remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas, además de dar intervención a las áreas legales pertinentes. El Gobierno provincial reforzó los mecanismos de auditoría y controles internos en todo el ministerio, y anunció que se actuará con "tolerancia cero" ante cualquier irregularidad, involucrando a todos los responsables, sin distinción de jerarquía.

La investigación judicial y administrativa continúa abierta, con el objetivo de determinar si las irregularidades detectadas corresponden a incumplimientos administrativos o si existió una maniobra deliberada de desvío de fondos públicos. El caso se inscribe en una política provincial de transparencia y control estricto de los recursos estatales, impulsada desde el inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa. Se espera que, una vez concluidos los procedimientos, se apliquen las sanciones administrativas y judiciales correspondientes, y se garantice la devolución del dinero afectado para resguardar el patrimonio del Estado.