La provincia de Buenos Aires atraviesa una intensa negociación política para cubrir cuatro vacantes en la Suprema Corte bonaerense, un proceso que involucra a los principales referentes del oficialismo y la oposición. El gobernador Axel Kicillof ha comenzado a impulsar el nombre de Santiago Pérez Teruel, funcionario de su círculo más cercano, como candidato para ocupar uno de los sillones del máximo tribunal provincial.

La situación de la Corte preocupa a los distintos sectores políticos, ya que actualmente funciona con solo tres de los siete jueces que la componen, lo que representa una anormalidad institucional. La posible jubilación de la jueza Hilda Kogan ha acelerado las negociaciones, que se desarrollan fuera del ámbito legislativo y reúnen a figuras como Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y referentes de la oposición.

Según fuentes consultadas, el reparto de cargos contempla una butaca para el kicillofismo, otra para el massismo, una tercera para el cristinismo y un cuarto lugar para negociar con la oposición, donde La Libertad Avanza podría tener participación. Además de los cargos en la Corte, el acuerdo incluye puestos estratégicos en el Banco Provincia, el Grupo Bapro y la Subprocuración General.

La urgencia de la negociación se explica por el inminente recambio legislativo del 10 de diciembre, que modificará la composición de ambas cámaras y podría dificultar la aprobación de leyes clave como el presupuesto y el endeudamiento provincial. Para nombrar jueces de la Corte, la Constitución bonaerense exige mayoría absoluta en el Senado, cifra que el oficialismo alcanzará tras el recambio, aunque para el endeudamiento se requiere una mayoría agravada de dos tercios, lo que obliga a negociar con la oposición.

En este contexto, Pérez Teruel, especialista en abogacía del Estado pero sin carrera judicial, es visto como un incondicional de Kicillof. "La Suprema Corte es un tribunal político que garantiza el cumplimiento de la legalidad", afirmó en una entrevista reciente, subrayando la importancia del consenso político para la designación de jueces.

Legisladores oficialistas y opositores reconocen la relevancia de la negociación, aunque algunos niegan acuerdos con los libertarios. Sectores internos del peronismo presionan para que sus candidatos sean considerados, mientras la oposición exige participación en el reparto y advierte sobre la necesidad de consensos para aprobar el endeudamiento. El desenlace de estas negociaciones será clave para el futuro institucional y político de la provincia de Buenos Aires.