El abogado Iván Carlos Méndez fue condenado a seis años de prisión por actuar como nexo entre jefes narcos presos en cárceles federales y sus organizaciones criminales en libertad, principalmente en Rosario y Buenos Aires. La sentencia, dictada por el juez federal de Garantías de Rosario Carlos Vera Barros, incluyó además una multa, la inhabilitación especial por ocho años para ejercer la abogacía y la declaración de reincidencia.

Méndez, de 53 años, fue hallado culpable de seis delitos, entre ellos asociación ilícita, encubrimiento agravado, lavado de activos, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, confabulación para el tráfico de drogas y acopio de piezas y municiones de armas de fuego. Según la investigación, el abogado utilizaba su condición profesional para visitar a internos de alto perfil y retransmitir directivas a personas en libertad, eludiendo los controles del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.

Entre los líderes narcos con los que mantenía contacto se encuentran Julio Andrés Rodríguez Granthon, Mario Roberto Segovia (conocido como el "Rey de la Efedrina"), Martín Lanatta, Uriel Luciano Cantero, César Morán de la Cruz y Cristian Avalle. La fiscalía sostuvo que Méndez funcionaba como un "nexo sistemático" entre los jefes criminales y sus estructuras externas, permitiendo que las organizaciones mantuvieran su capacidad operativa desde la cárcel.

La investigación, llevada adelante por la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), incluyó intervenciones telefónicas, registros de visitas y documentación secuestrada. Méndez fue detenido el 17 de septiembre de 2025 en el barrio Padre Mugica (ex Villa 31) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se incautaron drogas, armas, municiones, dinero y vehículos.

El caso expone la preocupación de la Justicia y el Ministerio de Seguridad por el uso abusivo de la profesión de abogado para vulnerar los controles penitenciarios y mantener activas las estructuras delictivas. La condena a Méndez refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre el acceso de abogados a presos de alto riesgo y de prevenir que profesionales sean utilizados como eslabones en la cadena criminal.