La muerte de Ángel López, un niño de cuatro años de Comodoro Rivadavia, provocó una profunda conmoción en la provincia de Chubut y llevó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) a intervenir el área judicial que participó en la decisión de otorgar la tenencia del menor a su madre biológica. La medida, adoptada por unanimidad, implica la intervención por 60 días del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de la Circunscripción Judicial N° II, con la designación de la camarista María Marta Nieto al frente de la auditoría.

El presidente del STJ, Andrés Giacomone, explicó que la decisión responde a la necesidad de revisar en profundidad el funcionamiento de todos los organismos y profesionales del fuero de familia involucrados en el caso. "La situación en Comodoro amerita un abordaje más rápido, más concreto, para verificar en principio esta situación", afirmó Giacomone, quien remarcó que la auditoría será integral y abarcará juzgados, equipos técnicos y servicios de protección de derechos.

La intervención fue formalizada mediante el Acuerdo Plenario N° 5659/2026, firmado por los seis ministros del máximo tribunal provincial. La Cámara de Apelaciones de la circunscripción, bajo la presidencia de Nieto, ejercerá la función de superintendencia delegada y deberá elevar informes semanales al STJ sobre el avance de la auditoría. A la tarea se sumarán la coordinadora técnica Valentina Kresteff y la funcionaria Gisela Ochoa.

El caso de Ángel López generó un fuerte impacto social tras conocerse los resultados de la autopsia, que reveló al menos 21 hematomas y lesiones internas compatibles con el "síndrome del sacudón", una forma grave de maltrato infantil. La madre biológica del niño, Mariela Beatriz Altamirano, y su pareja, Michel Kevin González, permanecen detenidos e imputados por el hecho.

Desde 2022 se venían denunciando irregularidades y supuestas arbitrariedades en el fuero de familia de Comodoro Rivadavia, lo que incrementó el escrutinio sobre el sistema de protección de menores. El STJ busca determinar si se cumplieron los protocolos y funciones asignadas a los organismos y equipos técnicos, y no se adelantará ninguna conclusión hasta contar con toda la información disponible. La comunidad judicial y la sociedad esperan respuestas y eventuales reformas para evitar que tragedias como esta se repitan.