Una turista brasileña de 69 años, María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, falleció tras ser atacada en plena calle por un hombre con antecedentes penales y psiquiátricos en el barrio de Abasto, Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió pasado el mediodía, cerca de la esquina de Agüero y Corrientes, una zona comercial con alta circulación de personas y presencia de personas en situación de calle.

Según testigos y fuentes policiales, el agresor, de 30 años, golpeó a la víctima sin mediar palabra, provocando que cayera y sufriera un traumatismo encéfalo craneano. La mujer fue trasladada al Hospital Ramos Mejía, donde falleció esa misma noche. El atacante fue detenido horas después en la intersección de Córdoba y Junín y derivado al Hospital Borda, donde permanece internado bajo consigna policial.

La Justicia porteña declaró inimputable al agresor, basándose en informes periciales que determinaron que no comprendía la criminalidad de sus actos ni podía dirigir sus acciones al momento del hecho. Esta decisión, apelada por la Asesoría Tutelar, implica que el acusado no será juzgado penalmente y que el caso queda en manos de la justicia civil y sanitaria. El hombre acumulaba más de 20 antecedentes penales y había sido declarado inimputable en al menos 13 ocasiones previas, con múltiples internaciones en hospitales psiquiátricos.

El caso reavivó el debate sobre la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, que limita las internaciones involuntarias y promueve la desinstitucionalización de pacientes psiquiátricos. Comerciantes y vecinos de la zona expresaron preocupación por el aumento de personas con problemas mentales y adicciones en el barrio, señalando la falta de soluciones efectivas y el temor ante situaciones de violencia impredecible. La Policía local reconoce la dificultad de intervenir en estos casos y la necesidad de mayor apoyo institucional.

La familia de la víctima enfrenta demoras para repatriar el cuerpo y lanzó una campaña solidaria para costear el traslado. El Ministerio Público Fiscal informó que brinda asistencia a la hija de la víctima. El caso pone en evidencia las falencias del sistema de salud mental y la seguridad pública, y plantea interrogantes sobre la protección de la comunidad frente a personas inimputables y la responsabilidad estatal en estos episodios.