La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, enfrentan una investigación internacional por presunto desvío de fondos y lavado de dinero, que involucra a autoridades judiciales de Estados Unidos y Argentina. El foco está puesto en TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Florida y vinculada al empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, que habría canalizado más de 300 millones de dólares provenientes de contratos internacionales de la AFA.

Según documentos judiciales y bancarios, TourProdEnter LLC recibió el 30% de los ingresos generados por la Selección argentina fuera del país, en virtud de un contrato firmado en diciembre de 2021 y vigente hasta 2026. Parte de esos fondos habrían sido transferidos a sociedades sin actividad real y a personas sin antecedentes empresariales, principalmente en Bariloche, y utilizados para gastos personales y lujos como yates, aviones privados y residencias exclusivas.

La investigación, que incluye allanamientos en la sede de la AFA y la vivienda de Faroni y Gillette en Nordelta, se intensificó tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar y la salida de Guillermo Tofoni de la organización de partidos amistosos. Tofoni denunció que los fondos de la AFA fueron desviados a cuentas extranjeras sin justificación lícita.

El Departamento de Justicia de EE.UU. y la Justicia argentina han solicitado información a bancos estadounidenses y detectaron transferencias a empresas fantasma y a beneficiarios sin perfil empresarial compatible con los montos recibidos. Faroni y Gillette fueron citados a declarar y, aunque inicialmente se les prohibió salir del país, la medida fue levantada días después.

La AFA, por su parte, defendió la legalidad del contrato con TourProdEnter y denunció una "campaña de difamación" en su contra. Sin embargo, el caso ha generado preocupación sobre la transparencia y el manejo de fondos en el fútbol argentino. En Italia, Faroni fue sancionado por la Federación Italiana de Fútbol por irregularidades en la documentación de sus empresas.

El caso recuerda al escándalo FIFAgate, ya que el uso de bancos estadounidenses otorga jurisdicción a EE.UU. para investigar posibles delitos de corrupción. La investigación sigue en curso y podría tener implicancias significativas para la dirigencia del fútbol argentino y sus vínculos internacionales.