La muerte de Ángel López, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, ha generado una fuerte polémica en torno al accionar judicial y la protección de los derechos de los menores en Argentina. El caso salió a la luz luego de que el pequeño falleciera en el Hospital Regional tras ser internado con lesiones en la cabeza, según reveló la autopsia. La investigación, a cargo del fiscal Facundo Oribones, se encuentra en curso y aún no se ha determinado si se trató de un homicidio o de un accidente, a la espera de los resultados complementarios de laboratorio.

Ángel vivía en medio de una disputa judicial entre sus padres, Luis López y Mariela Altamirano, ambos con antecedentes de denuncias por violencia familiar. El juez Pablo José Pérez, de perfil bajo y con poco tiempo en el cargo, resolvió restituir la tenencia del niño a su madre, quien ahora es la principal sospechosa en la causa. La decisión judicial ha sido duramente cuestionada por familiares paternos y por sectores de la sociedad, que exigen justicia y una revisión de los mecanismos de protección infantil.

Según la versión de Altamirano, el niño se descompensó en su casa y fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció tras más de un día en terapia intensiva. La madre niega cualquier responsabilidad y denuncia haber sido víctima de violencia de género por parte del padre de Ángel. Por su parte, Luis López sostiene que su hijo fue víctima de un crimen y responsabiliza tanto a la madre como a la Justicia por no haber atendido sus reclamos previos.

El caso ha reavivado el debate sobre la escucha activa a los menores en situaciones de conflicto familiar, recordando el antecedente del asesinato de Lucio Dupuy en La Pampa. Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, expresó su indignación y señaló: “A este nene se lo escuchó y, aun así, no se actuó. Los niños no mienten”.

Mientras tanto, la Justicia mantiene bajo vigilancia a la madre y su pareja, quienes no pueden abandonar la ciudad. Las autoridades judiciales aseguran que no existían alertas activas en el fuero penal sobre riesgo para Ángel, aunque el expediente de familia fue anexado a la causa penal para su análisis. La sociedad sigue de cerca el desarrollo de la investigación, que podría tener implicancias en futuras políticas de protección de la infancia.