La Suprema Corte de Justicia de Mendoza comenzó este miércoles a analizar la posible reapertura de la causa contra los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou, quienes fueron sobreseídos en 2024 tras ser acusados de abuso sexual por una mujer mendocina. La audiencia, que se realizó en la sede judicial de Mendoza, contó con la presencia virtual de los acusados desde Nueva Zelanda, donde actualmente se encuentran concentrados con la selección francesa de rugby.

La querella, representada por la abogada Natacha Romano, solicitó al tribunal que se revoque el sobreseimiento dictado en primera instancia y se continúe la investigación, argumentando que existieron irregularidades en la valoración de las pruebas y falta de perspectiva de género. "Estamos pidiendo que se revoque el sobreseimiento, que se reabra la investigación y que aparten a los fiscales que intervinieron", declaró Romano tras la audiencia.

Por su parte, la denunciante, María Soledad Lorente, increpó públicamente al abogado defensor Rafael Cúneo Libarona, acusándolo de corrupción e influencias políticas en la resolución del caso. "¿A mí me va a venir a decir que no hay corrupción, que no hay influencias políticas? No tengo miedo, a mí me mataron en vida", expresó Lorente ante los medios presentes en los tribunales.

La defensa, encabezada por Cúneo Libarona, sostiene que las relaciones sexuales entre los jugadores y la denunciante fueron consentidas y sin violencia, y que los peritajes médicos y testimonios así lo corroboran. "Costó mucho conseguir la libertad de los jugadores, pasaron 17 testigos y demostramos que los moretones eran por una enfermedad de mala coagulación que tiene ella. No queremos volver a una Argentina de mujeres que mienten y tienen presos a chicos inocentes", afirmó el abogado.

El caso, que tuvo repercusión internacional, se originó en julio de 2024 tras un partido entre Francia y Los Pumas en Mendoza. Los jugadores fueron detenidos y luego liberados tras el sobreseimiento en diciembre de ese año. La decisión final de la Corte provincial se espera para agosto, mientras las partes aguardan una resolución que podría reabrir la investigación o cerrar definitivamente el expediente. El debate sobre la imparcialidad y el tratamiento judicial del caso continúa generando controversia y atención pública.