El Gobierno argentino ha puesto la mira en el exclusivo complejo Costa Esmeralda, ubicado en el Partido de La Costa, a raíz de sospechas sobre evasión fiscal y declaraciones inconsistentes de ingresos por parte de sus propietarios. Según fuentes oficiales, la Dirección General Impositiva (DGI) detectó que varios titulares de tres o más lotes en el complejo figuran como monotributistas o directamente no están inscriptos en los gravámenes correspondientes.

De los 25 casos que ya fueron fiscalizados, 17 presentan inconsistencias entre los ingresos declarados y el valor de las propiedades, que oscilan entre los 170.000 y los 3,5 millones de dólares. El complejo, que cuenta con más de 2.000 casas y 4.000 lotes, es uno de los destinos más exclusivos del país, con alquileres que en temporada alta pueden alcanzar los 20.000 dólares la quincena.

La investigación comenzó a partir del cruce de datos entre el padrón de expensas y las declaraciones de Ganancias, donde se detectaron discrepancias significativas. El Gobierno sospecha que el uso de fideicomisos para la cesión de derechos sobre los terrenos podría estar facilitando la evasión fiscal. Además, la Asociación Civil que administra el complejo también está bajo fiscalización, aunque su función es únicamente la gestión social y deportiva del emprendimiento.

La ofensiva fiscal no se limita a Costa Esmeralda. El Ejecutivo ha extendido la investigación a bancos, petroleras, la industria del juego, prepagas y empresas de pago virtual, con el objetivo de evitar que se ajusten solo las ganancias por inflación y no las pérdidas. El Estado estima que, por estas prácticas, se han perdido cerca de 100.000 millones de pesos.

Las empresas afectadas, especialmente los bancos, han manifestado su preocupación, argumentando que la medida podría llevar a quiebras. "No es lógico que se ajusten por inflación las ganancias y no las pérdidas", sostienen desde el sector. En el caso de la industria energética, ya se han alcanzado acuerdos para corregir balances y aumentar el pago de Ganancias.

La investigación sigue en curso y se prevé que en los próximos meses se amplíe a otros sectores, en el marco de una política de control fiscal más estricta sobre los sectores de mayores ingresos y empresas de gran envergadura.