El Congreso argentino se encuentra en el centro de un intenso debate tras la convocatoria a audiencias públicas para discutir la reforma de la Ley de Glaciares. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, busca modificar la normativa vigente desde 2010 para habilitar la explotación minera en zonas periglaciares, una medida que ha generado preocupación entre ambientalistas, comunidades indígenas y sectores de la oposición.

La Cámara de Diputados ha fijado los días 25 y 26 de marzo para la realización de audiencias públicas, en las que podrán participar tanto de manera presencial como virtual representantes de la sociedad civil, especialistas y actores involucrados. El objetivo es recibir aportes sobre el expediente que propone cambios sustanciales a la Ley 26.639, la cual actualmente prohíbe actividades mineras e hidrocarburíferas en glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua.

El oficialismo sostiene que la reforma es necesaria para "ordenar el marco normativo, eliminar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental", argumentando que la ley actual genera inseguridad jurídica y obstaculiza inversiones productivas, especialmente en minería. La propuesta transferiría a las provincias la potestad de definir qué glaciares son estratégicos para la protección hídrica, lo que, según críticos, podría derivar en una reducción de los estándares de protección ambiental.

Especialistas como Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advierten que la reforma tendría efectos "irremediables e irreversibles" sobre los glaciares y el recurso hídrico. "Desaparece la montaña, desaparecen los glaciares, se restringe la fuente de agua, se contaminan los ríos", señaló Nápoli, quien también cuestionó la constitucionalidad de la iniciativa y su posible contradicción con acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú.

Por su parte, comunidades indígenas y organizaciones sociales han reclamado que se garantice la consulta previa, libre e informada, tal como lo establece la legislación nacional e internacional. Legisladores de la oposición han subrayado la importancia de incluir a estos actores en el proceso de debate y decisión.

El trasfondo de la reforma está marcado por el interés de provincias mineras y la Cámara Minera en facilitar proyectos extractivos en territorios andinos, como Vicuña y Pachón en San Juan, MARA en Catamarca y Taca Taca en Salta. La discusión se da en un contexto de creciente presión por la "reprimarización" de la economía y la búsqueda de nuevas fuentes de inversión.

El desenlace del debate legislativo será clave para el futuro de la protección ambiental en Argentina y podría sentar un precedente en la relación entre desarrollo económico y resguardo de los recursos naturales.