Durante el primer trimestre de 2026, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires experimentó un notable incremento en la desigualdad de ingresos, según datos oficiales del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba). Para formar parte del 10% más rico de la ciudad, una familia necesitó ingresos mensuales de al menos $5.200.000, mientras que el ingreso promedio de este segmento alcanzó los $8.196.499, cifra que triplica el promedio general de la ciudad, situado en $2.588.582.

El informe revela que, aunque los ingresos totales familiares y el ingreso per cápita familiar crecieron por encima de la inflación (35,9% y 36% respectivamente, frente a una inflación del 32,1%), este fenómeno se explica principalmente por el aumento de los ingresos más altos, mientras que los más bajos crecieron menos. Como resultado, el coeficiente de Gini, indicador de desigualdad, mostró un incremento, reflejando una brecha social cada vez más profunda.

La estructura de ingresos de los hogares porteños muestra que el 46,6% depende exclusivamente de ingresos laborales, el 23,4% solo de ingresos no laborales y el 28,7% combina ambas fuentes. Además, el 48,8% de los hogares accedió a préstamos o realizó compras con tarjeta de crédito, y el 35,5% utilizó ahorros para afrontar gastos, lo que evidencia dificultades para cubrir la canasta básica.

Las disparidades también se observan entre zonas: el ingreso per cápita familiar en la zona norte es 1,8 veces mayor que en el sur. En cuanto a la brecha de género, las mujeres perciben en promedio un 17,2% menos que los varones, y esta diferencia se amplió respecto al año anterior.

Analistas y medios especializados advierten que, pese a la mejora de ingresos en los sectores altos, la desigualdad se profundiza y el poder adquisitivo de la mayoría de los hogares se ve erosionado por la inflación. El caso porteño es seguido de cerca por otras regiones del país, ya que refleja tendencias nacionales de concentración de riqueza y desafíos en la distribución del ingreso. Se destaca la necesidad de monitorear políticas públicas que apunten a reducir la brecha social y evitar mayores tensiones económicas y sociales en el futuro.