Pablo Laurta, principal sospechoso de tres homicidios que conmocionan a Córdoba y Entre Ríos, se negó a declarar ante la Justicia y enfrenta una audiencia de prisión preventiva. Laurta está acusado del doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, de 26 años, y su ex suegra, Mariel Zamudio, de 54, asesinadas a tiros en su vivienda de Villa Rivera Indarte, en las afueras de la capital cordobesa. Además, se le imputa el asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio, cuyo cuerpo mutilado fue hallado en la localidad entrerriana de Yeruá.

Tras los crímenes, Laurta intentó huir con su hijo de cinco años, lo que activó la Alerta Sofía y un intenso operativo policial. Finalmente, fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, donde se encontraba junto al niño, quien fue rescatado en buen estado de salud. Durante el allanamiento, los agentes encontraron la billetera de Palacio en poder del acusado, consolidando la hipótesis de su participación en el homicidio del conductor.

La investigación judicial sostiene que Laurta contrató a Palacio para un viaje de larga distancia, pero el remisero desapareció tras encontrarse con el sospechoso en la terminal de Concordia. El torso de Palacio fue hallado sin cabeza ni brazos, lo que dificulta la identificación y la determinación de la causa de muerte. Las autoridades forenses esperan los resultados de ADN para confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

Laurta fue sometido a exámenes psiquiátricos y médicos, que determinaron que comprende sus actos y está en condiciones normales. El traslado del acusado a Córdoba para responder por el doble femicidio depende de la resolución judicial en Entre Ríos, donde se decidirá su prisión preventiva.

El caso ha generado gran repercusión social y mediática, con especialistas que analizan el perfil criminal de Laurta y su vinculación con el grupo "Varones Unidos". Las autoridades consideran que los crímenes fueron premeditados y que el asesinato del remisero tuvo como objetivo evitar ser denunciado tras los femicidios. La sociedad exige justicia y mayor protección ante la violencia de género, mientras la investigación continúa en busca de esclarecer todos los hechos y determinar las responsabilidades penales.