La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua para Karen Elizabeth Ferreyra, una mujer de 29 años que fue hallada culpable del asesinato de su hija de 11 meses en la ciudad de Deán Funes, provincia de Córdoba. El crimen, ocurrido en la madrugada del 21 de mayo de 2016, conmocionó a la comunidad local y generó un extenso proceso judicial que culminó con la decisión del máximo tribunal.

Según la investigación, Ferreyra, que entonces tenía 19 años, llamó a la policía al notar que su hija no respiraba. La beba fue trasladada de urgencia al hospital Ernesto Romagosa, donde llegó sin vida. En un primer momento, la causa fue caratulada como muerte de etiología dudosa, pero la autopsia reveló fracturas de varios días de antigüedad y una lesión grave en las vísceras, lo que llevó a la detención de la madre bajo la acusación de homicidio calificado por el vínculo.

Durante el juicio realizado en 2019, la Cámara Criminal y Correccional de Deán Funes, junto a un jurado popular, condenó a Ferreyra a prisión perpetua. El tribunal determinó que la joven tomó de los pies a su hija y la golpeó contra el piso tras una discusión con su pareja. Además, se estableció que la niña había sido víctima de maltrato sostenido en el tiempo, con lesiones previas confirmadas por testigos y peritos forenses.

La fiscal de Cámara, Mónica Elías, subrayó que "la niña había sido golpeada y no una sola vez, era sostenido en el tiempo". El informe forense determinó que el golpe fatal fue en la zona hepática y que una semana antes la menor había sido llevada al hospital con fracturas en tres partes del cuerpo.

La defensa de Ferreyra cuestionó la acusación, alegando falta de pruebas sobre la autoría y la existencia de violencia previa hacia la mujer. Sin embargo, tanto el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba como la Corte Suprema rechazaron estos argumentos, considerando que las pruebas eran consistentes con un caso de maltrato infantil y que la única persona adulta presente era la madre.

Tras la condena, las otras dos hijas de Ferreyra quedaron bajo el cuidado de familiares, con seguimiento de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Ferreyra permanece detenida en el complejo carcelario para mujeres de Bower, cumpliendo la pena impuesta. El fallo de la Corte Suprema marca el cierre definitivo de un caso que impactó profundamente en la sociedad cordobesa y refuerza la importancia de la protección de la infancia en situaciones de violencia intrafamiliar.