La investigación judicial sobre presuntos sobornos en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el gobierno de Alberto Fernández avanzó con la identificación de Patricio Guido Marre como presunto intermediario clave. Según fuentes judiciales, Marre, conocido en las conversaciones como "Pato" o "Pato Juli", habría actuado como nexo entre empresarios y funcionarios para facilitar la aprobación de importaciones a cambio de pagos irregulares.

El fiscal federal Franco Picardi solicitó registros de llamadas y visitas para profundizar la reconstrucción de los vínculos entre Marre, el empresario Martín Migueles y Héctor "Pipo" Caputto, otro de los intermediarios investigados. El análisis de los celulares de Migueles permitió detectar conversaciones explícitas sobre el pago de coimas, que oscilaban entre el 10 y el 15 por ciento del monto de las operaciones, para obtener autorizaciones SIRA en plazos mucho menores a los habituales.

En uno de los mensajes incorporados a la causa, Caputto afirma: "Pato obviamente nos hizo el vínculo", en referencia al rol de Marre en la conexión con funcionarios públicos. La fiscalía sostiene que estos pagos permitían acelerar trámites que normalmente demoraban hasta seis meses, llegando en algunos casos a resolverse en apenas 24 horas.

La Justicia también pidió a la Dirección General de Aduanas y otros organismos el listado completo de funcionarios que participaron en la aprobación de SIRA entre 2020 y 2024, con especial énfasis en el año 2023 y en tres empresas bajo investigación. Hasta el momento, las respuestas oficiales han sido consideradas insuficientes, ya que se limitaron a explicar el funcionamiento automatizado del sistema sin identificar a los responsables concretos.

Paralelamente, la causa investiga maniobras de acceso irregular al dólar oficial y posibles operaciones de lavado de dinero, en las que estarían involucradas casas de cambio y entidades bancarias. Entre los imputados figuran funcionarios del Banco Central, sospechados de facilitar la compra de divisas a empresas relacionadas con los principales investigados.

El caso ha generado tensión política y mediática, mientras la fiscalía avanza en el análisis de comunicaciones y la identificación de todos los actores involucrados. Se espera que en las próximas semanas surjan nuevas imputaciones y detalles sobre la operatoria, en un expediente que podría tener implicancias de largo alcance para el sector público y privado.