El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, enviará al Congreso un acuerdo para saldar una de las últimas deudas pendientes derivadas del default de 2001. El entendimiento, firmado el 1 de abril de 2026, involucra a los fondos Attestor y Bainbridge, quienes mantenían litigios activos en tribunales de Nueva York tras rechazar los canjes de deuda realizados en años anteriores.

Según fuentes oficiales y documentos judiciales, el monto a pagar será inferior a los 200 millones de dólares, cifra considerablemente menor a los reclamos originales, que ascendían a 500 millones de dólares por parte de Attestor y 95 millones por parte de Bainbridge. Esta reducción se debe, en parte, a los embargos previos de 310 millones de dólares sobre activos argentinos depositados en la Reserva Federal de Nueva York, de los cuales Attestor ya recibió 210 millones y otros 100 millones permanecen bloqueados por disputas judiciales.

El acuerdo, que aún debe ser aprobado por el Congreso, fue notificado a la jueza Loretta Preska, quien centraliza los litigios contra Argentina en Nueva York. Como parte del entendimiento, las partes solicitaron la suspensión del proceso judicial, lo que implica frenar medidas más severas, como el embargo de acciones de empresas estatales argentinas, entre ellas YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación.

Este paso representa la culminación de una larga serie de negociaciones y litigios que se arrastran desde la crisis de 2001. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri ya había acordado el pago de 9.300 millones de dólares a otros acreedores, lo que permitió levantar restricciones judiciales y salir del default técnico. Sin embargo, un pequeño grupo de bonistas continuó litigando, pese a que más del 95% de los acreedores aceptaron los canjes de 2005 y 2010.

El gobierno de Milei considera que la resolución de estos litigios es clave para normalizar la situación financiera internacional del país y reducir los riesgos judiciales externos. Por su parte, los representantes legales de los fondos demandantes calificaron el acuerdo como "una resolución justa y definitiva" tras años de disputas. Analistas coinciden en que el cierre de este capítulo podría mejorar la percepción de riesgo país y allanar el camino para futuras negociaciones financieras.

El debate parlamentario sobre el acuerdo será determinante para su implementación y para el cierre definitivo de uno de los episodios más prolongados y costosos de la historia financiera argentina.