Ocho taxistas de Mar del Plata presentaron una demanda civil contra las plataformas de transporte Uber, DiDi y Cabify, reclamando una indemnización que supera los 848 millones de pesos. Los demandantes argumentan que estas aplicaciones operan en el partido de General Pueyrredon sin la habilitación municipal correspondiente, lo que, según afirman, les ha provocado pérdidas económicas, daños psicológicos y una fuerte depreciación del valor de sus licencias de taxi.

En el escrito judicial, los taxistas sostienen que cumplen con todas las exigencias establecidas por la Municipalidad para prestar el servicio, mientras que las aplicaciones funcionan en infracción a la Ordenanza 23.928, vigente desde 2019, que prohíbe la utilización de plataformas de transporte de pasajeros sin autorización municipal. "La irrupción de las aplicaciones provocó una caída significativa del valor económico de las licencias respecto de los niveles que tenían antes de 2019", señalan los demandantes, quienes consideran que ese activo constituye parte fundamental de su patrimonio comercial.

La demanda, presentada a comienzos de mayo, incluye distintos rubros indemnizatorios: por daño moral, cada taxista reclama 10 millones de pesos; por daño psicológico, un millón; y por lucro cesante, otros 15 millones. El monto más importante corresponde al reclamo por la pérdida de valor de las licencias, por el cual solicitan 80 millones para cada titular, totalizando 106 millones por cada uno de los ocho demandantes.

Además de la indemnización económica, los taxistas solicitan que la Justicia ordene a Uber, DiDi y Cabify cesar sus operaciones en General Pueyrredon mientras no cuenten con habilitación municipal. También plantean la inconstitucionalidad de artículos de la Ley de Convertibilidad para que los montos reclamados puedan ser actualizados por inflación y piden que los intereses se calculen con la tasa activa del Banco Provincia.

La causa llegó rápidamente a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, luego de que tanto el Juzgado Civil y Comercial N°11 como el Juzgado Contencioso Administrativo N°12 se declararan incompetentes para intervenir. El máximo tribunal bonaerense deberá ahora resolver a qué juzgado le corresponde llevar adelante el expediente. El conflicto entre taxistas y aplicaciones de transporte se repite en varias ciudades argentinas, en medio de debates sobre la regulación y el impacto de las nuevas tecnologías en el sector.