El boleto de colectivo y metrotranvía en Mendoza aumentará un 20% a partir del lunes 13 de julio, pasando de $1.400 a $1.680, según lo dispuesto por la Subsecretaría de Transporte provincial a través de la resolución N° 962/2026 publicada en el Boletín Oficial. La medida, que afecta al área metropolitana del Gran Mendoza, responde a la necesidad de sostener el Fondo Compensador del Transporte ante el incremento de costos operativos, como combustibles y salarios, y la quita de subsidios nacionales.

El subsecretario de Transporte, Luis Borrego, explicó que el costo técnico real del sistema asciende a $4.495,66 por pasajero, pero gracias a los subsidios provinciales, los usuarios solo abonarán $1.680 en la tarifa general. "Solo el 35% de los usuarios paga la tarifa plena; el resto accede a descuentos o gratuidades", detalló Borrego. Entre los beneficios, se mantienen la gratuidad para docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad, mayores de 70 años y beneficiarios de la Ley 7811. Los estudiantes primarios pagarán $672, mientras que los secundarios, universitarios y jubilados abonarán $840 por viaje. Además, los usuarios frecuentes podrán acceder a descuentos progresivos de hasta el 50%.

La actualización tarifaria será implementada de manera progresiva, a medida que se actualicen las validadoras del sistema SUBE. El gobierno provincial sostiene que Mendoza continuará teniendo una de las tarifas más competitivas entre las principales ciudades del interior del país, comparando el nuevo valor con los $1.720 que se pagan en Córdoba y Rosario.

Sin embargo, la medida generó críticas desde la oposición. La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti cuestionó el esquema de pago por kilómetro a las empresas concesionarias y el recorte de fondos nacionales, argumentando que el ajuste recae sobre trabajadores y estudiantes. "El resultado es siempre el mismo: los sectores más vulnerables pagan los platos rotos", expresó la legisladora.

El debate por el costo del boleto en Mendoza trasciende lo técnico y se instala como un nuevo foco de discusión política, en un contexto de inflación y recortes presupuestarios. El oficialismo defiende la actualización como necesaria para la sustentabilidad del sistema, mientras la oposición exige revisar los contratos y el esquema de subsidios para evitar que el peso de la crisis recaiga sobre los pasajeros diarios.