El juez Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del actual ministro de Justicia, generó controversia al proponer sanciones éticas para los magistrados que compartan información con periodistas. En una nota dirigida al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, Mahiques denunció lo que considera una campaña de "acoso mediático" y desinformación contra los jueces, y sugirió que el intercambio de información o favores entre magistrados y comunicadores sea considerado una falta grave.

La propuesta incluye la creación de una vocería oficial dentro del tribunal para sistematizar la difusión de fallos y resoluciones judiciales, con el objetivo de que la ciudadanía acceda a información "rigurosa, confiable y oficial". Según Mahiques, la actual relación entre jueces y medios favorece la "promiscuidad informativa" y permite que se distorsione la imagen y la legitimidad del Poder Judicial.

El magistrado, quien recientemente fue ratificado en su cargo por el Senado pese a haber superado la edad límite constitucional, argumentó que la falta de regulación expone a los jueces a ataques personales y campañas de desprestigio. "Los jueces y funcionarios carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache", afirmó en su presentación, advirtiendo sobre el impacto negativo de la cobertura mediática.

La iniciativa generó reacciones encontradas dentro del Poder Judicial. Mientras algunos colegas consideran que la propuesta podría afectar la libertad de expresión y el acceso a la información, otros comparten la preocupación por la creciente presión mediática sobre los magistrados. Sectores periodísticos y políticos, por su parte, alertaron sobre el riesgo de censura y opacidad institucional.

El debate sobre la transparencia y la relación entre jueces y periodistas no es nuevo en Argentina, pero la propuesta de Mahiques reavivó la discusión sobre los límites entre la protección institucional y la libertad de prensa. El tema quedó ahora en manos de las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberán decidir si avanzan o no en el debate propuesto.