Gremios docentes y no docentes de universidades nacionales anunciaron una nueva serie de paros y protestas para las próximas semanas, en reclamo de una recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Las medidas, que incluyen paros los días 30 y 31 de marzo, 1 de abril y semanas completas a partir del 27 de abril, se dan en un contexto de fuerte ajuste presupuestario y pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios.

Según datos gremiales y académicos, la pérdida salarial de los docentes universitarios oscila entre el 40% y el 56% en los últimos dos años. Esta situación ha llevado a que más de mil docentes de la Universidad Tecnológica Nacional hayan dejado de enseñar, ya sea por renuncia o por licencias sin goce de sueldo. "El alumno termina siendo víctima del modelo de vaciamiento de la educación superior pública", advirtió Daniela Díaz, presidenta de la Federación Gremial de Docentes de la UTN.

El presupuesto universitario también sufrió una caída significativa: entre 2023 y 2026, la reducción real alcanza el 45,6%, según un informe del Centro CEPA. El gasto en salarios representa casi el 87% del total presupuestario, lo que agrava el impacto del ajuste sobre el personal docente y no docente.

El conflicto se agudizó tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que fue ratificada por el Congreso pero aún no se aplica plenamente. El Gobierno presentó un nuevo proyecto que limita la actualización salarial a 2025 y condiciona los aumentos presupuestarios a que la inflación supere el 14,5% anual reconocida oficialmente. Además, el nuevo esquema no contempla recomposiciones para 2024 ni actualizaciones automáticas por inflación.

En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional busca coordinar una estrategia común entre rectores, gremios y estudiantes. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) lideran el plan de lucha, que podría incluir una Marcha Federal universitaria el 23 de abril.

El conflicto universitario se enmarca en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno nacional y el sistema educativo superior, con impacto directo en la calidad educativa, las becas estudiantiles y las condiciones de trabajo. Mientras los gremios exigen paritarias libres y el cumplimiento de la ley, el Gobierno sostiene que su propuesta es una actualización responsable del presupuesto. El desenlace del conflicto dependerá de las negociaciones en el Congreso y la respuesta a las próximas medidas de fuerza.