Un entrenador de fútbol y abogado de 28 años, identificado como D.E.M., enfrenta graves cargos en Neuquén por abuso sexual a menores y una serie de estafas millonarias. La investigación, que involucra al club Unión Vecinal, reveló que el acusado habría utilizado su posición de confianza tanto en el ámbito deportivo como profesional para cometer los delitos.

Según las denuncias, D.E.M. gestionó créditos online fraudulentos utilizando datos personales y documentación de allegados y clientes de su estudio jurídico. En uno de los casos más resonantes, la hija de un vecino y excompañera de trabajo acumuló una deuda de 77 millones de pesos sin saberlo. "Nos enteramos de casualidad, cuando ya estaba todo judicializado. Antes era imposible saberlo porque todas las comunicaciones con los bancos estaban hechas con correos truchos y chats a nombre de la persona estafada", relató el padre de la joven.

Las maniobras, que se realizaban de manera virtual, incluyeron la falsificación de recibos de sueldo, firmas digitales y la extensión de tarjetas de crédito. Se estima que al menos 16 personas resultaron afectadas, con un perjuicio económico que podría alcanzar los mil millones de pesos. Las familias damnificadas también apuntan contra las entidades bancarias por la falta de controles en la aprobación de los créditos.

En paralelo, la Justicia investiga denuncias de abuso sexual, grooming, corrupción de menores y promoción de la prostitución. Los hechos habrían comenzado en 2025, cuando el acusado contactó a un adolescente para sumarlo al equipo de fútbol, generando un vínculo que incluyó entrenamientos, viajes y encuentros fuera del ámbito deportivo. Parte del dinero obtenido en las estafas habría sido utilizado para financiar regalos, viajes y dispositivos electrónicos destinados a los jóvenes.

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid explicó que "el dinero obtenido en las estafas era el que se utilizaba para darle a los chicos", y descartó que se trate de un caso aislado. La abogada querellante Celina Fernández remarcó la complejidad del expediente y la necesidad de avanzar con cautela para evitar la revictimización de los adolescentes.

La Justicia mantiene la prisión preventiva del acusado, tras rechazar un pedido de libertad por considerar que persisten riesgos procesales. Mientras tanto, la investigación continúa con el análisis de dispositivos electrónicos y nuevas entrevistas a víctimas. Las familias insisten en que tanto los delitos sexuales como las estafas deben ser investigados a fondo y en paralelo, dada la magnitud del daño causado en la comunidad.