El Estado argentino, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, ha incrementado su participación en el capital de varias de las principales empresas privadas del país, a pesar del discurso privatizador del gobierno de Javier Milei. Según datos oficiales y fuentes del mercado, entre fines de 2023 y octubre de 2025, el FGS aumentó su tenencia accionaria en compañías como YPF, BYMA, Banco Galicia, Banco Macro, TGS y Central Puerto, entre otras.

El FGS, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano y con influencia del Ministerio de Economía, destinó un 15% más de recursos a la compra de acciones de empresas privadas durante el último año. Actualmente, estas inversiones representan entre el 13% y el 15% del total del fondo, con una fuerte concentración en los sectores energético y financiero. Por ejemplo, la participación estatal en YPF pasó de poco más del 1% al 6,76%, mientras que en Banco Galicia subió del 18,1% al 21,65%.

Las compras se realizaron principalmente en el mercado secundario, así como a través de dividendos y derechos de suscripción. En algunos casos, como en Ecogas y San Miguel, la participación estatal se redujo debido a la emisión de nuevas acciones, no por ventas. Fuentes cercanas a la gestión del FGS aseguran que el objetivo principal es maximizar el retorno de la inversión y mantener el valor de la cartera, sin buscar influir en la gestión de las empresas.

El 78,1% del patrimonio del FGS sigue invertido en títulos públicos nacionales, aunque la mayor exposición accionaria está actualmente en el sector energético, con el 44,6% de la cartera, seguido por el sector financiero, con el 33,8%. La estrategia de inversión del FGS cambió en el último año, priorizando acciones de empresas privadas ante la expectativa de una recuperación macroeconómica y un mayor potencial de crecimiento en el mercado accionario.

El debate sobre el rol del Estado como accionista en empresas privadas no es nuevo y se remonta a la estatización de las AFJP durante el gobierno de Cristina Kirchner. Desde entonces, la administración de los derechos políticos y económicos de las acciones ha variado según el gobierno de turno. Actualmente, el gobierno de Milei sostiene que no tiene intención de explotar los derechos políticos derivados de estas inversiones.

La situación genera controversia, ya que algunos sectores consideran contradictorio que un gobierno con un fuerte discurso privatizador incremente la presencia estatal en empresas privadas. Sin embargo, analistas y fuentes oficiales destacan la importancia de estas inversiones para la rentabilidad del fondo y la seguridad de los fondos previsionales, en un contexto de volatilidad económica y cambios en la política de inversiones estatales.