Argentina enfrenta una crisis sin precedentes en materia de salud mental, tras registrarse en 2025 el mayor número de suicidios desde que existen estadísticas comparables. Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad, 5.209 personas se quitaron la vida durante el año pasado, lo que representa un aumento del 22,6% respecto a 2024 y sitúa la tasa nacional en 11,8 casos por cada 100.000 habitantes, superando el promedio mundial informado por la Organización Mundial de la Salud.

El fenómeno afecta de manera desproporcionada a los varones jóvenes: el 78,6% de las víctimas tenía entre 18 y 34 años. Especialistas y funcionarios coinciden en que la crisis económica, el desempleo y el endeudamiento son factores determinantes en este incremento. "El desempleo y la incertidumbre económica explican buena parte de los problemas de salud mental que observamos", señaló Cristian Garay, de la Facultad de Psicología de la UBA. El 55,9% de quienes atraviesan una crisis personal la atribuye a problemas económicos, según un relevamiento nacional.

El acceso a la atención en salud mental se ve obstaculizado por motivos económicos: el 43,4% de quienes consideran necesitar tratamiento no puede afrontarlo. A esto se suma una reducción del 91,5% en el presupuesto específico para salud mental en 2026, lo que afecta la continuidad de programas y la atención en hospitales especializados.

El suicidio se consolidó como la principal causa de muerte violenta en el país, triplicando los homicidios dolosos. La tendencia, que se observa desde hace una década, se agrava por la precarización laboral, el desarraigo y la falta de oportunidades, especialmente en el interior y entre los jóvenes que migran a grandes ciudades en busca de empleo.

Expertos advierten que el fenómeno es multicausal y requiere un abordaje integral. "No alcanza con intervenir cuando la crisis ya estalló; también es necesario trabajar sobre las condiciones que permiten construir proyectos de vida", afirmó la psicóloga Mariana Ponce. La prevención, sostienen, debe incluir el fortalecimiento de redes de apoyo, la promoción de espacios culturales y comunitarios, y la garantía de derechos fundamentales como el trabajo y la educación.

Organizaciones juveniles y profesionales reclaman políticas públicas sostenidas y mayor inversión en salud mental. La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental y la reducción presupuestaria han generado preocupación entre especialistas y familiares. "Nadie debería atravesar su sufrimiento en soledad", concluyen los expertos, subrayando la urgencia de una respuesta colectiva y coordinada.