El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, enfrenta crecientes dificultades para avanzar con su proyecto de reforma electoral que busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa, que también incluye cambios en el financiamiento de partidos políticos y en los requisitos para la presentación de listas, ha generado un fuerte rechazo entre gobernadores y bloques legislativos clave, especialmente la Unión Cívica Radical (UCR).

En las últimas semanas, funcionarios como Karina Milei y Diego Santilli han encabezado rondas de negociaciones con mandatarios provinciales, en un intento por sumar apoyos. Sin embargo, la falta de consenso ha obligado al oficialismo a considerar modificaciones al proyecto original, incluyendo la posibilidad de que las primarias sean optativas en lugar de eliminarlas por completo.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, expresó su rechazo a la eliminación de las PASO y propuso que cada partido asuma el costo de sus propias primarias, sin financiamiento estatal. Por su parte, Gustavo Sáenz, de Salta, también se mostró en contra de la eliminación total, aunque abierto a discutir cambios en la obligatoriedad o el financiamiento. En el Congreso, el jefe de los diputados del PRO, Cristian Ritondo, y el senador radical Maximiliano Abad, coincidieron en la necesidad de mantener un mecanismo de selección de candidatos, aunque con ajustes para reducir el gasto público.

La UCR, que se consolida como el bloque bisagra en el Senado, ha dejado en claro que no avalará un retroceso en la participación ciudadana ni el regreso de las decisiones a las cúpulas partidarias. "La democracia no es un gasto administrativo, es una inversión en libertad", afirmó Abad, quien también advirtió sobre los riesgos de una boleta única de papel que incluya todas las categorías en una sola lista.

El debate se da en un contexto de fragmentación política y de cara a las elecciones de 2027, donde la eliminación de las PASO podría beneficiar al oficialismo y dificultar la unidad de la oposición. Mientras tanto, la situación económica y la caída de imagen del gobierno complican aún más las negociaciones legislativas.

El futuro de la reforma electoral dependerá de la capacidad del Gobierno para negociar punto por punto con la oposición y los gobernadores, en un escenario donde la transparencia, el federalismo y la participación ciudadana están en el centro de la discusión.