El Senado de la provincia de Santa Fe aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prohíbe la actividad de cuidacoches y "trapitos" en el territorio provincial, aunque la implementación concreta de la normativa quedará en manos de cada municipio. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados, busca ordenar el espacio público y reforzar el control territorial, en respuesta a reiterados reclamos ciudadanos por situaciones de amenazas, extorsión y desorden en la vía pública.

El proyecto, impulsado por el senador rosarino Ciro Seisas, incorpora la actividad de los cuidacoches al Código de Convivencia provincial y establece sanciones que van desde el trabajo comunitario hasta 20 días de arresto. Las penas se agravan en casos de violencia, amenazas o cuando se aproveche la vulnerabilidad de las víctimas, como situaciones de desigualdad de género, edad o discapacidad. Además, la normativa contempla sanciones más severas si la actividad se desarrolla en zonas tarifadas, en inmediaciones de eventos masivos o en horarios nocturnos.

La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad, Virginia Coudannes, destacó que la medida se enmarca en una política más amplia de control del territorio y orden en la vía pública. "Entendemos que esta decisión puede contribuir a un mayor orden, sobre todo en los sectores más vulnerables", afirmó. Según datos oficiales, en Rosario se registran en promedio 16 llamados diarios al 911 vinculados a cuidacoches, mientras que en la ciudad de Santa Fe se contabilizan entre 4 y 5.

El debate legislativo incluyó la participación de ministros provinciales y representantes de distintos bloques, quienes consensuaron modificaciones al texto original para atender las particularidades de cada municipio. Así, la fiscalización y sanción de la actividad recaerán en los gobiernos locales, que deberán dictar sus propias ordenanzas para adherir a la norma provincial.

Como parte de la iniciativa, se prevé la creación de un plan de reinserción laboral para quienes ejercen la actividad, con incentivos para empresas que los contraten y la implementación de programas de capacitación y formación. El gobierno provincial cubrirá el 60% del salario de los nuevos empleados y pondrá en marcha un portal de intermediación laboral.

La medida ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Mientras el gobierno provincial y sectores oficialistas la consideran un avance en materia de seguridad y convivencia, otros actores subrayan la necesidad de una implementación progresiva y con enfoque social, para evitar la exclusión de personas en situación de vulnerabilidad. El debate continuará en la Cámara de Diputados y en los concejos municipales, donde se definirán los detalles de la aplicación local.