El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que provocó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017, ingresó en una etapa definitoria con el pedido de condenas de hasta cinco años de prisión para cuatro exoficiales de la Armada Argentina. El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de entre tres años y medio y cinco años de prisión, además de la inhabilitación especial perpetua, para los exjefes navales Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa.

La acusación sostiene que los imputados permitieron que el ARA San Juan zarpara en condiciones técnicas deficientes y con mantenimiento pendiente, circunstancias que, según la fiscalía, incrementaron de manera indebida los riesgos de la navegación y derivaron en la tragedia del 15 de noviembre de 2017. “El hecho hubiera podido evitarse”, afirmaron los fiscales durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, subrayando que las fallas y advertencias previas eran conocidas por la cadena de mando.

Durante la audiencia, que se extendió por más de ocho horas, los fiscales repasaron antecedentes técnicos, informes de mantenimiento, inspecciones y pedidos de ingreso a dique seco que no fueron atendidos. El 14 de noviembre de 2017, el submarino sufrió un ingreso de agua al tanque de baterías, lo que provocó un cortocircuito y un principio de incendio. Al día siguiente, la nave perdió el control y colapsó, causando la muerte de toda la tripulación.

La fiscalía argumentó que la tragedia no fue un accidente imprevisible, sino la consecuencia de una cadena de decisiones y omisiones dentro de la Armada. “Se priorizaron objetivos operativos por sobre la seguridad de la tripulación”, remarcaron los representantes del Ministerio Público. Las defensas, por su parte, sostienen que la decisión final de zarpar correspondía al comandante del submarino y que las pruebas pendientes no impedían cumplir la misión.

El juicio, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, continuará con los alegatos de las querellas y las defensas. Se espera que la sentencia se conozca en las próximas semanas, en un caso que ha reavivado el debate sobre la seguridad naval y la responsabilidad de la cadena de mando en Argentina.