Augusto Manuel Pacicco, un técnico en emergencias médicas de 39 años, protagonizó un hecho inusual en el sistema judicial de Córdoba al solicitar formalmente al tribunal continuar detenido y no recibir la libertad condicional a la que podía acceder. Pacicco fue juzgado por intermediar en la venta de cocaína en Embalse, Córdoba, y durante la última audiencia presentó una carta manuscrita en la que manifestó: “No me siento apto para reinsertarme en la sociedad”.

La investigación de la Fiscalía Federal N°1 determinó que Pacicco facilitaba el contacto entre compradores y vendedores de droga, recibiendo pequeñas dosis como comisión para su consumo personal, producto de una adicción que arrastra desde los 19 años, tras la pérdida de sus padres y su hermano. Esta situación lo llevó a perder su empleo y quedar en situación de calle antes de ser detenido en abril de 2025.

Durante el juicio, el fiscal Maximiliano Hairabedian solicitó una condena de dos años de prisión, mientras que el abogado defensor, Rodrigo Altamira, pidió que la pena fuera de ejecución condicional, dado que Pacicco no tenía antecedentes. Sin embargo, el propio acusado insistió en cumplir la condena de manera efectiva, argumentando la necesidad de continuar con su tratamiento psicológico y psiquiátrico dentro del penal. “Salir y no deber ni un día me parece apropiado”, ratificó ante los jueces.

El tribunal, integrado por Facundo Zapiola, Cristina Giordano y José Camilo Quiroga Uriburu, accedió a su petición y lo condenó a dos años de prisión de cumplimiento efectivo. El caso de Pacicco pone en relieve los desafíos de la reinserción social de personas con adicciones y antecedentes penales, así como la importancia de los tratamientos adecuados dentro del sistema penitenciario. El proceso judicial también involucró a otros acusados y se enmarca en una investigación más amplia sobre narcomenudeo en la provincia de Córdoba.