La investigación por el robo y consumo de propofol y otros anestésicos en hospitales porteños avanza con nuevos testimonios y medidas judiciales. El caso cobró notoriedad tras la muerte de Alejandro Zalazar, anestesista hallado sin vida en su departamento de Palermo, donde se encontraron fármacos de uso hospitalario cuya procedencia fue vinculada al Hospital Italiano.

Según fuentes judiciales, la causa principal investiga la sustracción de medicamentos del Hospital Italiano, con dos profesionales imputados: Hernán Boveri y Delfina Lanusse. Ambos fueron apartados de sus cargos y se les impusieron restricciones mientras avanza la investigación. Allanamientos realizados en domicilios particulares de la ciudad de Buenos Aires permitieron recuperar parte de los anestésicos robados, confirmando la salida irregular de los mismos del circuito hospitalario.

En paralelo, la residente Chantal Leclercq, del Hospital Rivadavia, declaró ante la Justicia y la Asociación de Anestesia haber consumido propofol y otras drogas quirúrgicas fuera del ámbito institucional. "En una sola oportunidad utilicé propofol junto a Zalazar", afirmó Leclercq, quien también reconoció consumo de sustancias recreativas y vínculos personales con Lanusse. Su testimonio fue incorporado a la causa, aunque no está imputada en ninguno de los expedientes.

La Justicia mantiene separadas las investigaciones por el robo de medicamentos y la muerte de Zalazar, aunque no descarta eventuales conexiones. "Estamos trabajando, tratando de armar el rompecabezas", señaló un investigador, quien aclaró que aún se esperan resultados de pericias toxicológicas.

El caso reavivó el debate sobre el acceso y control de anestésicos en hospitales, así como sobre el estrés profesional y el consumo de sustancias en el ámbito médico. Expertos consultados advierten sobre el riesgo de generalizar y estigmatizar a toda la profesión por hechos aislados, y sugieren fortalecer los programas de prevención y control en áreas críticas de salud.

Mientras tanto, la Justicia continúa indagando la trazabilidad de los medicamentos, los roles de los involucrados y el destino final de los fármacos sustraídos, en un expediente que aún presenta varios puntos abiertos y mantiene en vilo al sector sanitario.