Fabiola Yáñez, ex primera dama argentina, ha vuelto a la escena pública con graves acusaciones contra su expareja, el expresidente Alberto Fernández, en medio de una compleja disputa legal por la tenencia de su hijo Francisco. En una extensa entrevista, Yáñez evitó mencionar directamente a Fernández, explicando que cada vez que lo hace, él recurre a la justicia para denunciarla. Esta omisión, recomendada por sus asesores legales, refleja el clima de tensión y temor que rodea el conflicto.

Yáñez sostiene que Fernández busca quitarle la tenencia de su hijo, alegando que ella no está capacitada para ejercer la maternidad, y que utiliza argumentos sobre su salud mental para desacreditarla. "Él quiere demostrar que yo no puedo ser madre", afirmó Yáñez, quien también denunció haber sido víctima de violencia económica y manipulación. Según su relato, tras regresar de España por una urgencia familiar, se encontró en Buenos Aires sin apoyo económico ni un lugar estable para vivir, dependiendo de la ayuda de amigos para conseguir un departamento.

El proceso judicial, según la abogada de Yáñez, Marcela De Leonardis, se desarrolla en fueros no especializados en familia, lo que genera preocupación por el bienestar de Francisco. De Leonardis advirtió que la causa de violencia de género contra Fernández podría diluirse si pasa al fuero contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de mantenerse en la justicia federal. Además, se ha solicitado una pericia psicológica sobre Yáñez, con el objetivo de probar supuestos problemas de alcohol y desacreditar su rol como madre, basándose en pruebas antiguas.

Por su parte, Alberto Fernández ha negado enfáticamente las acusaciones de violencia de género, asegurando que la documentación presentada es falsa y que Yáñez fue "manipulada". El exmandatario atribuye la situación a una operación mediática en su contra y cuestiona la veracidad de los hechos relatados por su expareja.

El régimen de revinculación entre Francisco y su padre se implementó de forma apresurada, según Yáñez, sin considerar el impacto emocional en el niño, quien ha mostrado signos de ansiedad y alteraciones en sus rutinas. La denuncia de impedimento de contacto presentada por Fernández es rechazada por Yáñez, quien sostiene que nunca se impidió la comunicación entre padre e hijo, y que las videollamadas fueron monitoreadas por la Secretaría de Infancia y Adolescencia.

El caso ha generado un intenso debate público sobre el uso de la justicia en conflictos familiares de figuras públicas y el impacto que estos procesos pueden tener en los niños involucrados. Yáñez se muestra firme en su deseo de proteger a su hijo y retomar su vida laboral, mientras la justicia deberá definir el futuro de la causa y la protección de los derechos del menor.