Municipios de la provincia de Buenos Aires enfrentan una severa crisis financiera debido a la caída de la recaudación y el recorte de fondos nacionales. En este contexto, legisladores bonaerenses han presentado proyectos de ley que buscan habilitar a los municipios a arrendar las banquinas de rutas y caminos provinciales para actividades agrícolas, con el objetivo de generar nuevos recursos y aliviar la presión sobre las arcas comunales.

Actualmente, la Ley 10.342 permite el arrendamiento de franjas adyacentes a las rutas, pero excluye expresamente a las banquinas, consideradas espacios reservados para la seguridad vial. La diputada Ayelén Rasquetti, del Frente Renovador, impulsa una modificación que permitiría a los municipios otorgar permisos de uso sobre estos terrenos, siempre bajo la autorización y fiscalización de la Dirección de Vialidad bonaerense. "La exclusión de las banquinas genera un desperdicio de recursos productivos y priva a los municipios de una fuente legítima de recaudación", argumentó Rasquetti.

El proyecto contempla la creación de un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales y establece que la explotación de estos espacios debe ser regulada y planificada, permitiendo actividades como la siembra de cereales, forrajes, forestación y la instalación de infraestructura de servicios. Otro proyecto, presentado por el diputado Alejandro Acerbo, propone que los fondos recaudados sean de libre disponibilidad para los municipios, con al menos un tercio destinado al mantenimiento de caminos y banquinas.

La iniciativa ya tiene antecedentes: el municipio de 9 de Julio implementó una licitación pública para sembrar entre 300 y 350 hectáreas de banquinas, respetando una franja libre de 3 a 5 metros por cuestiones de seguridad vial. Sin embargo, la propuesta ha generado controversia. Sectores vinculados a la seguridad vial advierten que la siembra en banquinas podría reducir la visibilidad de los conductores y eliminar zonas de frenado de emergencia. Ambientalistas, por su parte, alertan sobre el uso de agroquímicos y el impacto en la biodiversidad de estos corredores.

A pesar de las críticas, los impulsores de la medida aseguran que la normativa incluirá regulaciones estrictas para garantizar la seguridad y el cuidado ambiental. El debate en la Legislatura bonaerense promete ser intenso, con la oposición exigiendo modificaciones antes de dar su apoyo. En un contexto de crisis fiscal, la búsqueda de alternativas para fortalecer la autonomía financiera municipal se vuelve cada vez más urgente.