El asesinato de Ángel López, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, conmocionó a la provincia de Chubut y puso en el centro del debate la habilitación profesional del abogado Roberto Castillo, representante del padre de la víctima. Durante varios días, la controversia giró en torno a si Castillo podía ejercer legalmente en la provincia, ya que los colegios de abogados de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn negaron que estuviera matriculado y advirtieron sobre posibles sanciones penales por ejercicio ilegal de la profesión.

Castillo, por su parte, sostuvo que sí contaba con la habilitación necesaria y denunció presiones institucionales para apartarlo de la causa. Finalmente, el jueves 16 de abril, el abogado logró matricularse formalmente en el Colegio Público de Abogados de Trelew, tras una jura virtual. El presidente de la entidad, Agustín Baroni, confirmó que el trámite fue aprobado debido a la gravedad y repercusión del caso, aunque aclaró que Castillo deberá presentar la documentación original en el plazo de una semana.

La familia de Ángel, especialmente su padre y la madrastra, celebró la incorporación de Castillo como un paso importante en la búsqueda de justicia. La noticia fue recibida con alivio por el entorno cercano del menor, que había manifestado públicamente su intención de reforzar la estrategia judicial.

El caso también expuso las falencias y la sobrecarga del sistema judicial en Comodoro Rivadavia. Según testimonios de periodistas y trabajadores judiciales, la muerte de Ángel destapó una problemática estructural y generó un fuerte malestar social, con reclamos de mayor celeridad y transparencia en los procesos. Tanto la madre como el padrastro del niño cumplen prisión preventiva, mientras la investigación avanza bajo la presión de la opinión pública y los medios.

La polémica por la habilitación de Castillo dejó en evidencia la necesidad de revisar los procedimientos administrativos y la coordinación entre los colegios de abogados de la provincia. El desenlace administrativo en Trelew permitió cerrar el capítulo legal y centrar la atención en el esclarecimiento del crimen, que marcó un antes y un después en la percepción de la justicia local.