El exintendente de Santa Catalina (Holmberg), Córdoba, Miguel "Minino" Negro, enfrenta un juicio federal acusado de organizar una toma de tierras en su municipio junto a su excolaborador y candidato a sucederlo, Ignacio Alaniz. Negro, quien ostenta el récord nacional de nueve reelecciones consecutivas y cuarenta años al frente del municipio, es señalado por la fiscalía de haber facilitado la ocupación de terrenos estatales a cambio de apoyo electoral durante el período 2022-2023.

Según la acusación, Negro y Alaniz informaron a varias personas sobre la existencia de terrenos fiscales y les prometieron la posibilidad de ocuparlos y acceder a servicios públicos, como la conexión eléctrica, en el marco de la campaña electoral. El fiscal Rodolfo José Cabanillas sostiene que se utilizaron recursos municipales, incluyendo camiones identificados con la señalética del municipio, para trasladar escombros y facilitar la ocupación. Además, se documentó que el propio intendente gestionó ante el Ente Regulador de Servicios Públicos la conexión eléctrica para los ocupantes, presentando documentación que los identificaba como propietarios precarios.

La situación fue denunciada por unos 150 vecinos, lo que motivó la intervención judicial y la posterior denuncia del propio Negro, aunque la fiscalía considera que esta última fue una reacción ante la presión social y mediática. Entre las pruebas presentadas se encuentran audios, videos y el entrecruzamiento de llamadas telefónicas que vinculan a Alaniz con la promesa de servicios públicos a los ocupantes en caso de resultar electo.

El proceso judicial, que se desarrolla en el juzgado federal de Bell Ville, podría derivar en una condena de hasta tres años de prisión para los acusados. El caso ha generado un fuerte impacto en la comunidad local y es seguido de cerca por medios y autoridades provinciales, dado el historial político de Negro y el contexto de alta competencia electoral en la región. El exintendente ha preferido no hacer declaraciones públicas hasta la finalización del proceso judicial, mientras la comunidad permanece dividida entre quienes denuncian la maniobra y quienes respaldan a los acusados. El desenlace del juicio podría sentar un precedente en la política local y en la gestión de conflictos por tierras en la provincia de Córdoba.