El Gobierno argentino avanza con un ambicioso plan de privatización de empresas públicas, con el objetivo de recaudar USD 2.000 millones antes de fin de año y afrontar vencimientos de deuda. La estrategia, liderada por el presidente Javier Milei y ejecutada por el ministro de Economía Luis Caputo y Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, implica la venta o concesión de compañías clave como Transener, AySA, Intercargo y Belgrano Cargas.

Según fuentes oficiales, el proceso de privatización de Transener, la principal transportista de energía eléctrica del país, está en su etapa final. El consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión presentó la oferta más alta, de USD 356 millones, por el 50% de Citelec, controlante de Transener. La adjudicación está prevista para mayo, consolidando el retiro del Estado de la gestión de la red eléctrica nacional.

En paralelo, el Gobierno avanza con la concesión de AySA, empresa que presta servicios de agua y saneamiento a 15 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El plan prevé vender el 90% del paquete accionario, reservando el 10% para los empleados. El proceso, asesorado por el Banco Mundial, contempla etapas de verificación de solvencia y capacidad técnica de los interesados, y se espera recaudar USD 500 millones.

Otras empresas incluidas en el plan son Intercargo, encargada de servicios aeroportuarios, y Belgrano Cargas, operador ferroviario estratégico para el sector agroexportador y minero. Los fondos obtenidos por la venta de material ferroviario serán destinados a obras de infraestructura, según lo dispuesto por el Ministerio de Economía.

El oficialismo sostiene que la privatización es necesaria para reducir el déficit fiscal y fortalecer las reservas, argumentando que el Estado debe retirarse de la gestión empresarial. "El objetivo es vender todo. Todas. Después el tema es el cuándo y el cómo", afirmó Chaher. El Gobierno busca "blindar" los contratos para evitar futuras reestatizaciones y garantizar la sostenibilidad de las operaciones.

Sin embargo, la medida enfrenta críticas de sectores sindicales y de la oposición, que advierten sobre posibles aumentos tarifarios, pérdida de derechos laborales y vaciamiento de empresas. Prensa Obrera denunció que los fondos recaudados se destinarán al pago de la deuda externa y que la política beneficia a grandes grupos económicos en detrimento de los trabajadores.

El proceso de privatización se apoya en capitales locales, a diferencia de los años 90, cuando predominaban inversores extranjeros. El Gobierno destaca el interés del empresariado nacional como un signo de confianza en la economía argentina. El desenlace de estas operaciones será clave para el futuro del sector público y la estabilidad macroeconómica del país.