En abril de 2026, los empleados de comercio de Argentina recibirán un aumento salarial del 5% escalonado y un bono no remunerativo de $20.000, como parte de un acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresariales del sector. El acuerdo, firmado a fines de marzo, busca compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación de los primeros meses del año.

El incremento salarial se aplicará en tres etapas: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y el 1,5% restante en junio, todos calculados sobre las escalas vigentes en marzo de 2026. Además, los trabajadores percibirán un total de $120.000 en sumas fijas no remunerativas, resultado de la suma de $60.000 y $40.000 ya vigentes, más el nuevo bono de $20.000. Estas sumas no se incorporarán al salario básico hasta julio, lo que permitirá a los empleados mantener un ingreso adicional durante los meses de mayor presión inflacionaria.

El acuerdo fue rubricado por la FAECyS, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). Según lo informado, el salario bruto de los empleados de comercio superará el millón de pesos en todas las categorías, aunque el monto final variará según la función y la antigüedad de cada trabajador.

Desde el sindicato, se destacó que la postergación de la absorción de las sumas no remunerativas representa un "colchón extra" para los trabajadores en un contexto de alta inflación. Por su parte, algunos empresarios han manifestado preocupación por el impacto de estos incrementos en los costos laborales, aunque reconocen que muchas grandes cadenas ya pagan salarios superiores a los mínimos establecidos por el convenio.

El acuerdo no será de aplicación en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, donde rigen condiciones particulares. En tanto, el gremio local confirmó la continuidad de las sumas no remunerativas y la importancia de estos ingresos para afrontar los gastos cotidianos.

El convenio colectivo 130/75 sigue siendo la base regulatoria del sector, estableciendo mínimos legales y adicionales específicos según la tarea y la antigüedad. La medida, que busca aliviar la situación de los trabajadores frente a la inflación, será revisada nuevamente en julio, cuando se absorban las sumas extra al salario básico.