Tres senadoras nacionales presentaron en el Senado un proyecto para derogar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los ejes centrales de la reforma laboral recientemente aprobada. Carolina Moisés, Flavia Royón y Alejandra Vigo argumentan que el FAL no constituye un verdadero sistema de seguridad social, sino un mecanismo de capitalización privada financiado indirectamente con recursos públicos, lo que podría tener un fuerte impacto fiscal y previsional.

Según el proyecto, el FAL permitiría a los empleadores compensar sus aportes con una reducción de contribuciones patronales, trasladando el costo de las indemnizaciones al Estado y afectando la recaudación de ANSES. Las estimaciones incluidas en la iniciativa calculan que el costo fiscal podría alcanzar los 3,28 billones de pesos, equivalente al 0,32% del PBI, o unos 2.200 millones de dólares. Las senadoras advierten que este esquema debilita el rol disuasorio de la indemnización por despido, al convertir ese costo en un aporte mensual subsidiado, lo que podría incentivar la rotación de personal y precarizar el empleo.

El proyecto también señala que el sistema perjudica especialmente a pymes y microempresas, que necesitarían varios años para reunir fondos equivalentes a una indemnización, mientras que las grandes empresas podrían hacerlo en apenas dos meses. "La Argentina necesita modernizar su sistema laboral, pero no a costa de debilitar la seguridad social, socializar el costo de los despidos o perjudicar a quienes sostienen empleo genuino y estable", sostuvo Royón.

La presentación de este proyecto ocurre en un contexto de fuerte tensión política y judicial. Días antes, la Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de entre 70 y 80 artículos de la reforma laboral, incluido el FAL, hasta que se resuelva su constitucionalidad. La CGT y el Colegio Público de la Abogacía también presentaron acciones judiciales contra la reforma, argumentando que vulnera derechos laborales y sindicales.

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, apeló la decisión judicial y ratificó su intención de defender la reforma en todas las instancias. El debate sobre el futuro del sistema de indemnizaciones y la protección social en Argentina continúa abierto, con posiciones encontradas entre el oficialismo, la oposición y los sectores sindicales.