El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, denunció que un funcionario municipal fue amenazado con dos balas tras la clausura del bar Punta Alvear, en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega. El caso, que involucra al empleado municipal Claudio Barrelier como principal acusado, ha puesto bajo la lupa el funcionamiento de los controles nocturnos en la ciudad y desató una crisis institucional.

Según relató Passerini, el presidente del Ente de Fiscalización y Habilitaciones recibió la amenaza luego de que el municipio dispusiera el cierre definitivo del bar, cuyo propietario también fue denunciado penalmente por amenazas. El intendente remarcó que, durante su gestión, se han intensificado los controles y se han exonerado y detenido a 119 agentes municipales por diversas irregularidades, muchos de los cuales ingresaron al Estado por presuntos favores a empresarios nocturnos.

La conmoción por el crimen de la adolescente de 14 años llevó al municipio a crear una unidad ejecutora especial que, junto a la Policía y el Ministerio de Seguridad, revisará más de 7.000 habilitaciones en 90 días. El objetivo es detectar irregularidades, cortar circuitos de corrupción y reforzar los controles en una actividad históricamente cuestionada.

En paralelo, la oposición en el Concejo Deliberante, encabezada por la UCR, exigió una auditoría externa al Ente de Fiscalización y criticó la negativa del oficialismo a permitir la interpelación de su director ejecutivo. Los opositores denuncian omisiones y falta de transparencia, señalando que comercios con reiteradas infracciones seguían operando hasta que ocurrieron tragedias como la de Agostina Vega.

Empresarios del sector nocturno, por su parte, manifestaron preocupación por la generalización de los controles y el impacto de las nuevas regulaciones, temiendo represalias y pidiendo mayor claridad en las normativas. El municipio impulsa una reforma de las ordenanzas para evitar que bares clausurados reabran bajo otros nombres y sancionar tanto a dueños como a propietarios de inmuebles.

El caso ha reavivado el debate sobre la corrupción y la efectividad de los controles en la noche cordobesa, en un contexto de fuerte presión social por mayor seguridad y transparencia. El intendente Passerini concluyó: “Entiendo que esta es la oportunidad de terminar esta problemática”, mientras la ciudad espera los resultados de las nuevas medidas y auditorías.