Facundo Leal, el extitular de Arsat y el Orsna, se defendió con un escrito: dijo que no intervino en las licitaciones
• Facundo Leal, ex titular de ARSAT y ORSNA, negó ante la Justicia las acusaciones de corrupción y narcotráfico. • Se incautaron US$2,4 millones y drogas en allanamientos. • El caso involucra contratos irregulares y salpica a funcionarios de dos gobiernos.

Facundo Leal, ex presidente de la empresa estatal ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), fue indagado este lunes por la Justicia federal en el marco de una investigación por presunta corrupción y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Leal, detenido desde mayo, negó las acusaciones en su contra y presentó su defensa por escrito, sin responder preguntas ante el juez federal Lino Mirabelli.
La causa se originó tras el robo de materiales tecnológicos en un depósito de San Fernando, lo que llevó a la pesquisa de contratos irregulares entre ARSAT y la empresa privada Argentina Logistic Services (ALS). Según la fiscalía, existió un acuerdo ilegal para direccionar contratos millonarios a ALS, omitiendo dictámenes técnicos y la intervención del directorio de ARSAT. Se emitieron al menos 14 órdenes de compra por más de 1,9 millones de dólares y 40 millones de pesos.
Durante los allanamientos en domicilios de Leal en Palermo y Mendoza, la Policía Federal incautó 2,4 millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas, ketamina y cocaína. Por estos hallazgos, Leal fue procesado con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes y enfrenta una causa paralela por presunto enriquecimiento ilícito. Su defensa sostiene que no participó en las licitaciones investigadas y cuestiona la falta de acceso a la totalidad de las pruebas.
Junto a Leal, también fue indagado Gerardo Boschin, ex subgerente de compras de ARSAT y ex presidente de Trenes Argentinos Operaciones, quien igualmente negó los cargos. Otros exfuncionarios de la empresa estatal fueron citados a declarar en los próximos días.
La Justicia dictó medidas cautelares como la prohibición de salida del país y el embargo de bienes para los involucrados, mientras avanza en el análisis de comunicaciones y movimientos patrimoniales. El caso involucra a funcionarios de los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, generando repercusiones políticas en ambos sectores. La investigación continúa en los fueros federales de San Isidro y Comodoro Py, con expectativa por nuevas definiciones judiciales.
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