Facundo Jones Huala, líder de la autodenominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), fue trasladado esta semana desde la cárcel federal de Rawson a la Unidad Penitenciaria de Esquel, tras varios meses de reclamos por parte de su defensa y familiares. El operativo, ordenado por la Justicia Federal, buscó acercar al dirigente a su entorno familiar en Bariloche, en respuesta a denuncias sobre las condiciones de detención y la distancia con sus allegados.

El traslado se concretó luego de una prolongada disputa judicial entre la defensa de Jones Huala y el Servicio Penitenciario Federal, que demoró la ejecución de la orden. Su abogado, Gustavo Franquet, calificó la demora como "rebeldía procesal" y criticó la actuación de las autoridades nacionales y del Ministerio Público Fiscal. Durante su permanencia en Rawson, Jones Huala protagonizó varias huelgas de hambre para exigir mejores condiciones y la proximidad con su familia.

Las imágenes difundidas tras el traslado evidenciaron un notable cambio físico en el dirigente, quien apareció con el cabello corto, sin barba y visiblemente más delgado. Según su entorno, estos cambios no fueron una decisión personal, sino una imposición de las normas carcelarias. Sin embargo, Jones Huala mantuvo firme su discurso político, reiterando que su detención responde a una persecución por la defensa de los derechos del pueblo mapuche y reclamando la restitución de tierras ancestrales. "El motivo por el que estoy detenido es luchar por los derechos de mi pueblo. Esas demandas siguen vigentes", afirmó en una audiencia judicial.

La fiscalía federal lo acusa de integrar una organización destinada a imponer sus ideas mediante la violencia y de haber realizado manifestaciones públicas que reivindicarían acciones atribuidas a la RAM. A fines de junio, la Justicia amplió la imputación y prorrogó por 90 días la prisión preventiva, que se extenderá hasta el 30 de agosto mientras avanza la investigación.

Jones Huala ya había sido condenado en Chile por un incendio en 2013 y tenencia ilegal de armas, penas que ya cumplió. Su figura sigue generando controversia en la Patagonia, donde el conflicto por la tierra y los derechos indígenas continúa siendo un tema de debate político y social. El traslado a Esquel no modifica su situación judicial, pero representa un cambio en sus condiciones de detención y un nuevo capítulo en el seguimiento de su caso.