El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atraviesa una profunda crisis institucional tras la decisión del Gobierno de reducir su presupuesto en un 43% y despedir a más de 140 trabajadores. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro para el 30 de abril en reclamo por la reincorporación de los empleados cesanteados y la anulación de otros 100 despidos anunciados. Sin embargo, la medida de fuerza fue flexibilizada y se transformó en una jornada de protesta con asambleas, lo que permitió que los vuelos y servicios esenciales funcionaran con normalidad.

El conflicto se intensificó luego de que el Gobierno, a través del Decreto 274/26, transfiriera funciones clave del SMN a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), habilitando incluso la contratación de servicios meteorológicos externos. Esta decisión fue rechazada por el gremio, que denunció un proceso de "vaciamiento" del organismo y advirtió sobre los riesgos que implica para la seguridad aérea y la provisión de alertas tempranas.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, argumentó que el SMN está sobredimensionado y tecnológicamente atrasado, afirmando que solo 20 de sus cerca de 1.000 empleados son meteorólogos. Estas declaraciones fueron desmentidas por especialistas y representantes gremiales, quienes sostienen que el número real de meteorólogos es mucho mayor y que la observación humana sigue siendo fundamental para la calidad de los pronósticos.

En medio de la disputa, ATE mantuvo su reclamo por la reincorporación de los despedidos y la derogación del decreto que modifica las funciones del SMN. El gremio también cuestionó la legalidad de la protesta, ya que el Gobierno declaró ilegal la medida de fuerza mientras reconoce el carácter esencial de los servicios meteorológicos para la aviación.

El escenario sigue abierto y con tensión creciente entre el Gobierno y los trabajadores del SMN. Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre el futuro del organismo y la continuidad de sus servicios estratégicos, en un contexto de ajuste y desregulación estatal impulsado por la administración de Javier Milei.