Una investigación judicial en Ituzaingó y Parque Leloir destapó una presunta estafa piramidal que ya supera el millón de dólares en perjuicio económico y suma víctimas en todo el país. Dos abogados, identificados como Ángel Elías Gómez y Juan Ignacio Lombardo, están en el centro de la causa: el primero fue detenido en un domicilio de Villa Ariza y el segundo permanece prófugo, con pedido de captura internacional.

Según fuentes judiciales y testimonios de damnificados, los acusados operaban desde oficinas en el complejo Thays de Parque Leloir bajo la firma Avalon Capital Futures Investments. Prometían a sus clientes ganancias mensuales en dólares, de entre 2,5% y 5%, mediante supuestas inversiones en criptomonedas, bolsa de valores y mercado de futuros. Para captar inversores, exhibían un elevado nivel de vida y ofrecían contratos formales, lo que generaba confianza entre personas instruidas pero sin experiencia en grandes operaciones financieras.

El mecanismo, según la investigación, seguía el patrón clásico de un esquema Ponzi: los primeros meses se pagaban intereses para atraer más capital, pero luego los pagos cesaban y los responsables dejaban de responder. "Fui a buscarlo a la oficina y nunca estaba. Siempre se iba a Uruguay o algún otro lado", relató una de las víctimas. Otro damnificado aseguró haber invertido 130.000 dólares sin recuperar nada.

Durante los allanamientos, la Justicia secuestró vehículos de alta gama, dinero en efectivo, carpetas con contratos y dispositivos electrónicos. Además, se dispuso la inhibición general de bienes de los imputados y se solicitaron informes al Banco Central, ARCA y la IGJ para determinar la composición societaria de la firma investigada.

El fiscal Lucio Rivero y la jueza Laura Pinto encabezan la causa, que aún se encuentra en etapa inicial. "Hasta el momento estamos cerca del millón de dólares, pero las víctimas siguen apareciendo y seguramente lo vamos a superar ampliamente", advirtió el abogado Juan Silvestrini, representante de una de las damnificadas. El caso refleja la vulnerabilidad ante esquemas de inversión fraudulentos y la importancia de la denuncia para avanzar en la investigación, que podría derivar en nuevas imputaciones y esclarecer el destino del dinero sustraído.