La reciente decisión del gobierno nacional de otorgar prioridad de uso de la línea eléctrica de 500 kV a la minera Vicuña por un período de 25 años ha desatado una fuerte controversia en la provincia de San Juan. El megaproyecto minero, liderado por las compañías BHP y Lundin Mining, prevé una inversión superior a los 7.000 millones de dólares para explotar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la cordillera sanjuanina.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó el pedido de acceso prioritario a la capacidad de transporte eléctrico para Vicuña, lo que generó un inmediato rechazo por parte del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y de varios municipios, entre ellos Calingasta e Iglesia. El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, calificó la medida como un “avasallamiento” y advirtió que “pone en jaque inversiones millonarias ya aprobadas y el futuro suministro de las poblaciones locales”.

El conflicto se centra en la prioridad de uso sobre el 90% de la capacidad remanente de la línea de 500 kV, considerada estratégica para el desarrollo energético y minero de la provincia. Según el esquema propuesto, Vicuña financiaría obras eléctricas por entre 400 y 500 millones de dólares, obteniendo a cambio prioridad de uso durante 25 años, un plazo compatible con la vida útil del proyecto. Sin embargo, empresas mineras competidoras y autoridades locales temen que esta medida condicione el acceso a energía para otros proyectos productivos y afecte la seguridad del sistema eléctrico provincial.

El EPRE y los municipios afectados han anunciado la presentación de recursos legales y la exigencia de una audiencia pública para debatir la medida. “Para cualquier obra se tendrá que pedir permiso a Vicuña para usar la línea eléctrica”, advirtió Carbajal, mientras que desde el sector minero se califica el mecanismo como un “monopolio” de la infraestructura eléctrica.

Por su parte, tanto Vicuña como el ENRE sostienen que la prioridad de uso solo aplica a la nueva infraestructura financiada por la empresa y no implica exclusividad sobre toda la red eléctrica. “En el sistema eléctrico argentino rige el principio de acceso abierto”, explicaron fuentes de la compañía, subrayando que cualquier proyecto puede solicitar conexión y proponer ampliaciones.

El trasfondo del conflicto revela el déficit histórico en infraestructura eléctrica que enfrenta la Argentina, especialmente en regiones mineras como San Juan. El gobierno nacional impulsa un esquema en el que las empresas financian obras a cambio de prioridad de uso, respaldado por la Ley de Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Lo que se resuelva en este caso podría sentar un precedente para futuros proyectos energéticos y mineros en el país.