El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires impuso multas millonarias al intendente en uso de licencia Guillermo Montenegro y a varios de sus funcionarios por diversas irregularidades administrativas detectadas en la Rendición de Cuentas 2024 del municipio de General Pueyrredon. Las sanciones, que superan los seis millones de pesos, se relacionan principalmente con la concesión de permisos gratuitos a empresas para la utilización del Polideportivo Islas Malvinas, en contravención de la ordenanza vigente que exige el pago de un canon y gastos operativos.

Entre los eventos observados se encuentran el Premier Padel, dos recitales de la banda Ke Personajes y una fecha FIBA de básquet, todos realizados en 2024. Según el Tribunal, las empresas beneficiadas no cumplían con los requisitos para el uso gratuito del espacio, lo que generó un perjuicio económico para el municipio. El gobierno local argumentó que la medida buscaba fomentar la actividad económica y turística, pero el organismo de control consideró que no se respetaron las normativas.

Además, el Tribunal de Cuentas sancionó a funcionarios por gastos indebidos derivados de la falta de respuesta a solicitudes formales de vecinos, lo que resultó en juicios y costas judiciales a cargo del Estado municipal. También se objetó la municipalización de guardavidas sin convenio con balnearios privados, generando una deuda estimada en 70 millones de pesos, y se puso bajo revisión el aumento del alquiler de las instalaciones del COM.

El informe del HTC destacó un déficit financiero de más de 10 mil millones de pesos en la administración central, atribuido por Montenegro a la recesión económica, la caída de la coparticipación y la falta de fondos provinciales y nacionales. "El presupuesto fue calculado con una proyección inflacionaria que no se cumplió, lo que desfasó los números municipales", explicó el exintendente en su descargo.

En el ámbito judicial, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó un fallo que refuerza la aplicación de la paridad de género en los reemplazos legislativos, al anular la asunción de un concejal en Pinamar y ratificar que la banca debía ser ocupada por una mujer, en línea con el principio de paridad. Este fallo sienta jurisprudencia en la política bonaerense y podría influir en futuros casos similares.

Las decisiones del Tribunal de Cuentas y de la justicia provincial marcan un precedente en la fiscalización de la gestión pública y en la aplicación de la paridad de género, con posibles repercusiones en la administración y la política de la provincia de Buenos Aires.