Un megaoperativo policial se desplegó este jueves en Mendoza, con 25 allanamientos simultáneos en Guaymallén, Ciudad y el penal de Almafuerte, en el marco de una investigación federal por lavado de activos y narcotráfico. El principal acusado es Pedro "Piter" Morales Anisco, un interno de alto perfil que, según las autoridades, lideraba una organización criminal desde la cárcel.

La investigación, coordinada entre la Policía de Mendoza y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, detectó movimientos financieros por más de 800 millones de pesos a través de billeteras virtuales y cuentas bancarias. La estructura criminal, según los informes, involucraba a internos, familiares, personal penitenciario y colaboradores externos, quienes se encargaban de la comercialización de drogas, estafas virtuales y el posterior lavado de dinero.

Durante los allanamientos, no se produjeron detenciones, pero se secuestraron teléfonos celulares, documentación y dispositivos electrónicos considerados clave para robustecer la causa. "El objetivo es quitarle el dinero a los delincuentes que obtienen objeto de la comercialización ilícita de la droga", afirmó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, quien también destacó la importancia de reforzar los controles penitenciarios.

La causa contra Morales Anisco es un desprendimiento de una investigación previa por narcotráfico intramuros, por la que él y otros internos fueron condenados en mayo pasado. Además, Morales está imputado como autor intelectual del ataque armado que dejó gravemente herida a una niña de 11 años en Godoy Cruz, hecho que expuso la violencia derivada de las disputas entre bandas carcelarias.

Las autoridades informaron que, en lo que va del año, se secuestraron 1.557 celulares en cárceles provinciales y cerca de 3.700 gramos de cocaína y 9.000 gramos de marihuana en distintos operativos. El gobierno provincial avanza en la implementación de nuevas tecnologías, como body scans y cámaras de vigilancia, y en la realización de requisas sorpresivas para reforzar la seguridad en los 22 complejos penitenciarios de Mendoza.

La investigación continúa, con el foco puesto en desarticular la red financiera y criminal que operaba desde el penal y sus conexiones externas. Las autoridades judiciales y policiales subrayan la necesidad de avanzar en el decomiso de bienes y fondos vinculados a la organización, mientras la sociedad mendocina observa con preocupación la capacidad de los presos para operar redes delictivas desde el interior de las cárceles.