Un gendarme identificado como R.A.B. denunció ante la Justicia Federal haber sido víctima de abusos sexuales, tortura psicológica y hostigamiento laboral por parte de dos superiores en el Centro de Formación Félix Manifior de Barreal, San Juan. Según el relato del denunciante, los hechos comenzaron en 2014 tras un cambio de mando y se extendieron durante años, incluyendo episodios de violencia sexual extrema, humillaciones públicas, golpes y amenazas con armas reglamentarias.

La denuncia, patrocinada por la abogada Milagros Grassi, describe un cuadro sistemático de abuso de poder y encubrimiento institucional. R.A.B. afirmó que fue sometido a prácticas degradantes y que, al intentar denunciar los hechos, la psicóloga asignada por la institución desacreditó su relato, sugiriendo que se trataba de "fantasías sexuales" hacia sus agresores. Además, sostiene que Gendarmería manipuló informes médicos y laborales para justificar su baja y silenciarlo, lo que derivó en la pérdida de su sueldo y su retiro obligatorio.

El expediente judicial, que tramita ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Juan, tomó un giro clave el 6 de agosto de 2025, cuando el juez Federico Millán Ursino admitió al denunciante como querellante y ordenó la apertura de un sumario por los delitos más graves previstos en el Código Penal: abuso sexual con acceso carnal, coacción agravada, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Entre las medidas urgentes dispuestas, se estableció la prohibición total de contacto y un perímetro de restricción de 500 metros para los imputados, además de la obtención de legajos, historia clínica y testimonios de todos los profesionales que intervinieron en el proceso de baja del gendarme.

El caso también revela intentos de silenciar a la víctima y otros miembros de la fuerza, quienes enviaron correos al Ministerio de Seguridad de la Nación para alertar sobre situaciones similares. La respuesta institucional fue una advertencia de sanciones si se insistía en denunciar externamente. El expediente, aún en curso, expone la posible existencia de un entramado de abusos y encubrimiento dentro de Gendarmería Nacional, y podría tener implicancias para la estructura jerárquica y los mecanismos de control interno de la fuerza.

R.A.B. continúa bajo tratamiento psicológico y ha manifestado el profundo impacto emocional y social de los abusos sufridos. La investigación judicial avanza con nuevas medidas y citaciones, mientras el caso genera debate sobre la violencia institucional y la necesidad de reformas en las fuerzas de seguridad argentinas.