El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, envió a la Legislatura porteña un paquete de proyectos de ley para la creación de una Justicia Laboral propia, en el marco del proceso de transferencia de competencias desde la Nación. La iniciativa, que busca modernizar y agilizar la resolución de conflictos laborales, contempla la creación de 80 juzgados laborales de primera instancia y 10 salas de Cámara, además de una reforma integral del Código Procesal Laboral y la implementación de una instancia de conciliación previa y obligatoria.

El proyecto surge tras el acuerdo firmado entre la administración porteña y el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, que habilita a la Ciudad a asumir competencias en materia laboral. "Un servicio de justicia propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes", celebró Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad, en redes sociales.

Sin embargo, la transferencia de competencias enfrenta obstáculos judiciales. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), alineada con la CGT, presentó recursos para frenar el traspaso, argumentando su inconstitucionalidad. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°30 dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del acuerdo hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Esta medida se suma a otra cautelar previa que ya había frenado la puesta en funcionamiento de los primeros diez juzgados laborales creados por la Legislatura en 2024.

A pesar de las cautelares, el gobierno porteño avanza con la reestructuración institucional, esperando que la Justicia destrabe la situación antes de fin de año para poder inaugurar el fuero laboral propio en febrero de 2027. El nuevo sistema prevé la digitalización de expedientes, audiencias virtuales y plazos estrictos para la resolución de causas, con el objetivo de reducir los tiempos de los juicios laborales, que actualmente promedian entre tres y cinco años en la Justicia Nacional del Trabajo.

El debate sobre la autonomía judicial de la Ciudad de Buenos Aires se remonta a la reforma constitucional de 1994, pero cobró nuevo impulso tras la reciente reforma laboral nacional y el acuerdo entre Macri y Milei. Mientras el Ejecutivo porteño destaca la modernización y agilidad del nuevo sistema, sindicatos y sectores judiciales advierten sobre posibles impactos en el acceso a la Justicia y la futura jurisprudencia laboral en la Ciudad. El desenlace dependerá de la resolución judicial sobre la constitucionalidad del traspaso y la puesta en marcha de la nueva estructura judicial.